La oposición parlamentaria al Presidente de Emmanuel Macron fracasó ayer en su intento por tumbar al gabinete y así impedir la implementación de la reforma de pensiones aprobada por decreto a semana pasada, pero dejó al gobierno más debilitado que nunca y enfrentado a la furia en las calles. Las dos mociones de censura presentadas separadamente por un grupo de diputados independientes y por la extrema derecha no consiguieron reunir los votos necesarios, aunque en el primer caso faltaron solo nueve apoyos, un margen mucho más estrecho de lo que habían calculado en el Ejecutivo.

“Estoy decidida a seguir impulsando las transformaciones necesarias para nuestro país con mis ministros y a dedicar toda mi energía a cumplir las expectativas de nuestros conciudadanos”, dijo ayer a France Presse la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, poco después de salvarse de la destitución.

La primera de estas mociones de censura había sido propuesta el viernes pasado por el grupo independiente Liot, con el apoyo de los diputados de izquierda Nupes y con algunos de Los Republicanos (derecha conservadora, que había negociado con el oficialismo la reforma), pero que solo alcanzó 278 votos de los 287 que requería para bloquear los cambios en pensiones, aprobados la semana pasada mediante la utilización del controvertido artículo 49.3 de la Constitución, que le permite al gobierno saltarse el Parlamento para la votación de una norma, y que el Ejecutivo utilizó ante la perspectiva de no alcanzar la mayoría en el Congreso para pasar esta ley.

“Solo faltaron nueve votos para derribar este gobierno y su reforma, un gobierno que ya está muerto para los franceses y que ya no tiene ninguna legitimidad”, dijo ayer la diputada de izquierda radical Mathilde Panot. “¿Cómo podemos aceptar tal desprecio por el Parlamento? Queríamos votar, incluso los miembros de la mayoría lo querían”, señaló, por su parte, Charles de Courson, diputado centrista que presentó el voto de confianza.

La segunda moción que fue rechazada en la Asamblea Nacional, había sido propuesta por Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, antigua rival presidencial de Macron, que solo alcanzó 94 votos, muy por detrás de la propuesta de la izquierda.

En la historia de la política francesa solo una moción de censura logró derrocar a un gobierno: el de Georges Pompidou, bajo la presidencia del general Charles De Gaulle en 1962.

El fracaso de las dos mociones dará paso a la activación de la reforma, que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, en lugar de 42, para cobrar una pensión completa. Dos de cada tres franceses, según los sondeos, rechazan la reforma, pero según Macron es crucial para equilibrar el sistema tributario y “reestablecer las cuentas públicas” cuando Francia tiene una deuda pública de tres billones de euros.

Revés

Los analistas plantean que el gobierno sale debilitado de este pulso político, ya que casi un tercio de los diputados republicanos votara a favor de destituir al gabinete. En esa línea, Le Pen instó a Macron a “escuchar lo que políticamente dice esta votación”, y aseguró que Borne “debe partir” o el presidente francés “debe renunciar”.

“La diferencia de 9 votos es escasa, pero suficiente si se tiene en cuenta que todas las fuerzas de la oposición (desde la extrema izquierda a la extrema derecha) se unieron para votar las mociones”, dice a “El Mercurio” Olivier Ihl, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Grenoble. “Macron demuestra esta noche su capacidad de reformar sin una mayoría absoluta en la Asamblea, incluso con todos los demás partidos uniéndose contra él. (...)”, frente a lo que “los líderes de extrema izquierda ya están llamando a acciones callejeras”, añade.

Precisamente, tras la sesión en el Parlamento, varias ciudades francesas vieron ayer manifestaciones espontáneas y disturbios provocados por grupos opositores a la reforma de las pensiones. En varios puntos de París, se registraron incendios callejeros, aprovechando las montañas de basura que se acumulan en las calles tras varios días de huelga del personal de recolectores y barrenderos. Según medios locales, al menos 150 personas fueron detenidas.

Incidentes similares tuvieron lugar en ciudades aledañas a París, pero también en otras metrópolis como Rennes, Lille, Nancy o Estrasburgo, impulsadas por la oposición y los principales dirigentes sindicales que están en huelga desde hace varios días. Más temprano, en tanto, los manifestantes también intentaron bloquear los accesos por carretera a la ciudad de Rennes (oeste) y las autoridades pidieron a las compañías aéreas que anulen de nuevo el 20% de sus vuelos en el aeropuerto parisino de Orly, a la espera de la novena jornada de manifestaciones masivas el jueves.

La oposición, en tanto, anunció que presentará recursos ante el Consejo Constitucional para paralizar la promulgación de la reforma, así como una iniciativa para someter esa medida a un referéndum, que exige presentar 4,5 millones de firmas en nueve meses. Borne, en tanto, aseguró que llevará su texto ante el Constitucional para acelerar su revisión y que entre en vigor lo antes posible. “Nadie tiene el monopolio para hablar en nombre del pueblo”, dijo la primera ministra.

“La única posibilidad legal que le queda a la oposición es el examen final del texto por la corte constitucional, en un mes. Hasta entonces, seguirán las manifestaciones, huelgas y bloqueos”, agrega el analista Ihl.

Movilización

El jueves hay convocada una novena jornada de protestas contra el gobierno, en medio de un fuerte clima de tensión política.

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Donald Trump (76) advirtió que espera ser arrestado hoy (algo sin precedentes para un expresidente de EE.UU.), en un caso relacionado con un pago para comprar el silencio de Stormy Daniels, una actriz porno. El exmandatario llamó a sus seguidores a protestar, poniendo a las fuerzas del orden en alerta.

Esto es lo que se puede esperar en los próximos días:

Aunque la oficina del fiscal estatal de Nueva York para el distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no ha confirmado que prevé acusar formalmente a Trump, el anuncio que hizo el expresidente el sábado es una señal en ese sentido. Pero hay otras. En EE.UU., los fiscales pueden presentar testigos y pruebas a un panel de ciudadanos conocido como gran jurado, que decide si se justifica la presentación de cargos.

La semana pasada, Daniels cooperó con el gran jurado. El exabogado de Trump, Michael Cohen, quien reconoció haber efectuado el pago a Daniels y dijo que luego se le reembolsó, también testificó. Trump también fue invitado a declarar, aunque se negó.

“Los fiscales casi nunca invitan al sujeto investigado a testificar ante el gran jurado a menos que planeen acusar a ese individuo”, explicó Bennett Gershman, profesor de derecho en la Universidad Pace y exfiscal.

Una acusación de Trump daría comienzo a un proceso que podría durar varios meses. En el plazo inmediato, debe determinarse cómo sería el arresto, o más probablemente la entrega de Trump a las autoridades, dada la naturaleza no violenta de los cargos y el hecho de que sea expresidente.

“Esto no tiene precedentes y no hay un procedimiento definido”, dijo a France Presse el exagente del Servicio Secreto estadounidense Robert McDonald, ahora profesor de justicia penal en la Universidad de New Haven. Según el experto, el Servicio Secreto, encargado de proteger a altos dignatarios, coordinará con la oficina de Bragg para que Trump se presente en el juzgado sin que su llegada se convierta en un “espectáculo”.

El exfiscal federal Renato Mariotti tuiteó el sábado que espera que Trump “se presente voluntariamente en el tribunal, le tomen las huellas dactilares y lo registren, y que sea puesto en libertad bajo fianza”.

Dada la prominencia de Trump y su candidatura presidencial en curso para 2024, es probable que el juez no considere que el expresidente suponga un riesgo de fuga y Trump podrá irse después del procesamiento, previo pago de una fianza si es necesario. “Supongo que no será retenido durante la noche”, estimó McDonald.

Pero algunos creen que el expresidente podría negarse a entregarse, desafiando a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan a que lo arreste. “Uno podría imaginarse a Trump queriendo hacer eso”, dijo a France Presse el exfiscal Shan Wu. “Eso es algo que la oficina de Bragg estaría temiendo”.

Tras el llamado de Trump el sábado a sus seguidores a protestar contra una eventual acusación en su contra, las autoridades están en alerta, dada la violencia que estalló el 6 de enero de 2021, cuando manifestantes pro-Trump arengados por el entonces presidente irrumpieron en el Capitolio para detener la certificación de su derrota electoral.

Ahora, desde el FBI a nivel federal, hasta la policía de Nueva York a nivel estatal, se coordinan desde la semana pasada con miras a una acusación formal del expresidente, con el fin de evitar posibles disturbios, informaron CNN y NBC.

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Periodistas de tres canales de televisión de Ecuador recibieron ayer sobres con pendrives cargados con explosivos, y uno estalló frente a un reportero sin causarle heridas graves, informaron la policía y los medios afectados.

La cadena privada Ecuavisa alertó que su periodista Lenin Artieda recibió un sobre con un pendrive y que al insertarlo en un computador “este estalló”. Artieda, que trabaja en Guayaquil, “aparentemente tiene algún tipo de molestia en la mano y una afectación muy leve en el rostro, pero no es ninguna situación de complejidad”, dijo el jefe nacional de Criminalística de la Policía, Xavier Chango.

Periodistas de TC Televisión en Guayaquil y Teleamazonas en Quito también recibieron un sobre con pendrives que contenían explosivos. La fiscalía reportó “la existencia de (un) sobre bomba” en la estatal TC Televisión, mientras que el canal privado Teleamazonas informó que recibió “un USB con las mismas características” que el de Ecuavisa.

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El ministro venezolano de Petróleo, Tareck El Aissami, renunció ayer a su cargo después de que el fin de semana se abrió una nueva investigación por corrupción que implica a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), por la que ya fue detenido un exgerente.

“En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA, he tomado la decisión de presentar mi renuncia”, tuiteó El Aissami, en el cargo desde abril de 2020.

La policía detuvo el domingo a dos hombres vinculados a El Aissami: el vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de PDVSA, coronel Antonio Pérez Suárez, y a Joselit Ramírez, superintendente nacional de Criptoactivos de Venezuela, que maneja los fondos de la industria petrolera a través de criptomonedas.

Poco después, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo que los miembros acusados de corrupción dentro de sus filas, son “excepciones” que no cuentan con el respaldo de la formación. “En la revolución no tienen espacio los corruptos. Ser corrupto no es ser revolucionario, no es revolucionario quien se ponga una camisa roja y esté robando”, dijo Cabello.

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