La Constitución debe orientar al legislador en la importancia de la gobernabilidad y las dificultades de la fragmentación.

La democracia representativa no solo aspira a que las diversas expresiones ciudadanas puedan manifestarse a través de sus instituciones, sino que, además, a que la dispersión de puntos de vista resultantes no constituya un obstáculo para quienes fueron electos para gobernar. Por el contrario, lo que se busca es que, a pesar de esa dispersión, los esfuerzos de gobierno puedan aglutinarse en las direcciones adecuadas y resulten efectivos. En otras palabras, que la fragmentación política no dañe la gobernabilidad.

La fragmentación política de la sociedad chilena se ha visto acentuada por la dinámica que introducen las redes sociales y por el sistema electoral proporcional que reemplazó al binominal, que facilita que ello ocurra. Respecto de las redes sociales, el mundo está recién aprendiendo a lidiar con sus consecuencias, tanto las benéficas como las deletéreas. En cambio, en materia de sistemas electorales, hay una vasta experiencia mundial desde donde recoger las mejores experiencias. En Chile la fragmentación política ha sido, además, magnificada por la explosión de los “díscolos”, es decir, de parlamentarios que, una vez electos, actúan luego con independencia de las directivas de los partidos políticos en los que militan.

Hay una oposición entre sistemas electorales mayoritarios, que concentran la representatividad, mejorando la gobernabilidad, y los proporcionales, que la dispersan a costa de la gobernabilidad. Hay países que combinan ambos, eligiendo una parte del Parlamento de manera uninominal, concentrando la representatividad, y al resto mediante listas nacionales elaboradas por los partidos, permitiendo la expresión de más sensibilidades políticas, pero poniendo exigentes umbrales mínimos de votación para impedir una fragmentación excesivamente alta. Hay además mecanismos de compensación que intentan armonizar los resultados de aquello, de difícil comprensión inicial para la población, pero que se han hecho crecientemente necesarios para asegurar un buen funcionamiento de la democracia.

El hecho de que el país se encuentre inmerso en la redacción de una nueva Constitución es una buena oportunidad para reflexionar respecto del sistema electoral, introduciendo artículos que contribuyan a mitigar los problemas de la fragmentación. Sin embargo, la tentación de establecer el sistema electoral en la propia Constitución debe ser evitada, porque rigidizaría innecesariamente al sistema electoral, dificultando su posterior adaptación en el Congreso conforme a sus resultados. Pero sí la Carta Fundamental debe orientar al legislador en la importancia de la gobernabilidad y las dificultades de la fragmentación, y esta es una ocasión que no debe ser desperdiciada.

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Queda la sensación, al recorrer los antecedentes que se han publicado, de una mirada algo utilitaria de la lectura.

Hace unos días el Ministerio de Educación presentó una iniciativa denominada “Diagnóstico para la Reactivación de la Lectura” que aspira a identificar las necesidades de apoyo en este ámbito de escolares entre segundo y 4° básico. Hay que recordar que las pérdidas de aprendizaje ocurridas durante la pandemia, por la suspensión de clases, fueron significativas. Más todavía en Chile, que estuvo entre los países con menos clases presenciales en ese período. En ese sentido, que se midan los atrasos en lectura y se intente reparar las falencias con materiales para estos propósitos parece muy necesario. Quizás es una propuesta que está algo rezagada. En otras latitudes hace un buen tiempo que vienen desarrollándose programas en esta línea.

Con todo, ella es un aporte. Identificar a los escolares que requieren más apoyo y definir estrategias para superar sus déficits son elementos fundamentales en todo proceso de recuperación de la lectura. Asimismo, es positivo que esta iniciativa se inserte en un plan más amplio de recuperación de los aprendizajes que es acompañado de otros instrumentos de diagnóstico y diversos materiales que pueden constituirse en apoyos no solo para los colegios, sino también para las familias. Se requieren, sin embargo, al menos tres precisiones respecto de este plan.

En primer lugar, los recursos destinados no parecen estar alineados con la urgencia e importancia de la tarea. Así, por ejemplo, algunos de los materiales exhibidos no son suficientemente atractivos para satisfacer sus propósitos. A esta situación se agrega la ausencia de objetivos específicos e indicadores de logro de la iniciativa y en qué acciones concretas se van a sustentar ellos. Ello arroja algunas dudas respecto de la real capacidad de este plan para cambiar el estado actual de los aprendizajes. Por cierto, ambos fenómenos pueden estar correlacionados. Es difícil reunir suficientes recursos para un plan cuyas perspectivas, en ausencia de objetivos claros e indicadores de avance, no son particularmente halagüeñas.

Queda la sensación, al recorrer los antecedentes que se han publicado, de una mirada algo utilitaria de la lectura. Una mejor iniciativa quizás sea aquella que invita a disfrutar la lectura y a partir de ella generar una conversación que les permita a los niños imaginar y transportarse a otras realidades. Esas acciones pueden contribuir mucho más a cumplir los propósitos implícitos en esta iniciativa que los ejercicios que se insinúan en las piezas que se han presentado.

Por último, se ha planteado el despliegue de 20 mil tutores a lo largo del país para apoyar la implementación de este plan. Si bien las tutorías, en caso de intervenciones bien diseñadas con un foco preciso, han mostrado efectividad en la experiencia comparada y también nacional, no es evidente en este programa el papel que cumplirán y cómo se complementarán con las actividades del sistema escolar. Si en esto no hay una coordinación apropiada, sus aportes pueden ser nulos. En suma, se trata de una iniciativa bien orientada, pero que requiere resolver diversas interrogantes para volverse efectiva.

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Las agresivas acciones de la Reserva Federal solucionan el problema de corto plazo, pero aumentan el riesgo de mediano plazo.

Por Sebastián Claro

La quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) ha hecho temblar los mercados financieros, y el pánico causado por la masiva salida de depósitos llevó a las más altas autoridades financieras de Estados Unidos a intervenir activamente, abriendo líneas especiales de liquidez a los bancos en condiciones muy generosas y anunciando que los depósitos estaban totalmente asegurados.

Al igual que la inquietud planteada por la reina Isabel durante la crisis de 2009, cae de cajón preguntarse cómo nadie la vio venir. En los años previos a esa crisis, los bancos acumularon complejos instrumentos relacionados con el sector inmobiliario. Estos activos no solo eran supuestamente de alta calidad, sino que su sofisticación hacía muy difícil identificar qué exposición tenía cada banco. Cuando las condiciones en el mercado inmobiliario cambiaron, el valor de estos instrumentos cayó rápidamente, y la confusión se apoderó de los inversionistas al no poder identificar quién tenía la chiflota.

Hoy, el origen del problema es diferente, así como su tamaño y alcance. La caída en el valor de simples bonos en manos de los bancos ha sido gradual y previsible, como consecuencia de aumentos en tasas de interés que comenzaron hace más de un año. Por ello, no es que los activos de SVB hayan perdido valor de un minuto a otro, sino que el mercado no tenía toda la información. Cuando lo hizo, se produjo la corrida. Si los inversionistas hubiesen tenido información sobre el valor de las posiciones en bonos de manera regular, el cambio en el comportamiento del banco hubiese sido natural.

El financiamiento de proyectos de largo plazo con depósitos de corto plazo ha sido desde su origen la belleza y al mismo tiempo la fragilidad de la banca. Para que el sistema bancario funcione, se requiere una administración prudente, una regulación que ponga límite al llamado descalce de plazos, e información clara que alimente la disciplina de mercado. En este caso, fallaron todos. Mientras la administración del banco tomaba riesgos desmedidos, los reguladores miraban para el techo, y los inversionistas —que contaban con poca información— también. Como bien retrata el premio Nobel Paul Krugman, “si estás jugando con las cripto, no tienes idea cómo funciona el dinero”.

Las agresivas acciones de la Reserva Federal solucionan el problema de corto plazo, pero aumentan el riesgo de mediano plazo. Si los depósitos están totalmente asegurados, aun para grandes y sofisticados inversionistas, la disciplina de mercado se desvanece. Igual sucede cuando la respuesta a cada tropezón es un rescate, inyectando más dinero en condiciones muy generosas. Es posible calmar la enfermedad a punta de morfina, pero la tentación de hacerlo regularmente puede matar al paciente.

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Para el Gobierno desplegar una política eficiente en materia de seguridad, que logre convencer a la ciudadanía de que se están haciendo todos los esfuerzos, es una tarea cuesta arriba.

Lo ocurrido durante la vigencia de la Constitución de 1925 es una buena prueba de lo que puede implicar una falta de regulación.

El Gobierno afronta las semanas previas a las elecciones de mayo evidenciando un fuerte desgaste, que de nuevo podría tener para su coalición un altísimo costo, como ocurrió en el plebiscito de septiembre pasado. Pese al último cambio de gabinete, marcado por un necesario ajuste en la Cancillería, son demasiadas las áreas que exhiben falta de gestión y, sobre todo, problemas de credibilidad por dichos o actuaciones de las autoridades antes de llegar al gobierno y también por decisiones más recientes tomadas cuando ya estaban en sus cargos.

El caso más simbólico ocurre en materia de seguridad, primera preocupación ciudadana, donde desplegar una política eficiente, que logre convencer a la ciudadanía de que se están haciendo todos los esfuerzos, resulta una tarea cuesta arriba. Y es que todavía están en la retina la actuación de amplios sectores de Apruebo Dignidad en el estallido de octubre —su conducta, declaraciones y votaciones que contribuyeron a debilitar a las policías, y que no fueron inocuas para que se consolidara en amplias zonas la criminalidad organizada—, y los controvertidos indultos hace solo algunos meses. El grado de desprolijidad, falta de transparencia y arbitrariedad con que se concedieron estos últimos, con informes en contra de Gendarmería, es un capítulo que seguramente seguirá ensombreciendo cualquier actuación que se emprenda en esta materia.

Una situación parecida ocurre con los retiros de los fondos de pensiones, opción que parece haber adquirido un fuerte impulso luego del inesperado rechazo al proyecto de reforma tributaria en la Cámara de Diputados. Es difícil que un Gobierno que ahora rechaza la idea tenga credibilidad ante la ciudadanía si antes sus máximos dirigentes, incluido el entonces diputado Gabriel Boric, la impulsaron en distintas oportunidades. La última vez, en plena segunda vuelta de la campaña presidencial, en que se desplegó en el cuarto retiro una estridente puesta en escena con fines electorales. Los argumentos dados entonces por Camila Vallejo, Giorgio Jackson y el candidato Gabriel Boric, que se contradicen abiertamente a los que emplean en esta coyuntura para pedir su rechazo, suenan ahora a mero oportunismo.

La oposición debe sacar las debidas lecciones de esto, y evitar cualquier tentación de obtener réditos políticos de corto plazo para infligirle una derrota al Gobierno. Sería incomprensible que parlamentarios de oposición se abrieran a apoyar un nuevo a retiro, a sabiendas de las consecuencias que tiene para la economía del país y sus ciudadanos.

Por otra parte, cabe valorar la disposición del nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), que en entrevista en Reportajes señala que “el país necesita de acuerdos buenos, grandes, y estoy disponible, aunque me critiquen”. Este diálogo, sin embargo, debe abrirse a las mejores fórmulas, alejadas de ideologismos trasnochados, como muestran aspectos centrales de la reforma tributaria y previsional. La delicada situación económica por la que atraviesa el país no admite malas reformas en materias tan decisivas para nuestro futuro.

Las FF.AA. en la Constitución

Es perceptible el cambio de tono y la mayor seriedad con que la Comisión Experta está llevando a cabo su cometido, sobre todo si se lo compara con la Convención Constitucional y su serie interminable de exabruptos, extravagancias y propuestas inviables. Con todo, ello no debe hacer olvidar de los riesgos que plantea un proceso como este y de la importancia de los resultados de las próximas elecciones de consejeros. Una primera señal de alerta la constituye el rechazo por parte de los expertos designados por el oficialismo de contar con un capítulo destinado a “Las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad”. Si bien es cierto que podría volver a plantearse más adelante en el proceso, trasluce una aproximación al tratamiento de estas instituciones provista de una cierta carga ideológica, que parece incapaz de reconocer la experiencia histórica incorporada en la actual Constitución.

A la necesaria regulación del papel que, por ejemplo, desarrollan las FF.AA. en distintas áreas, y que excede con mucho las tareas tradicionales de defensa nacional —ver, por ejemplo, a los militares desplegados en el norte y sur del país—, se suma la conveniencia de resguardar su carácter profesional, ajeno a los avatares políticos. Nuestra experiencia constitucional muestra que un capítulo especial en la Constitución que le dé un tratamiento orgánico, cuyas normas no queden sujetas a simples mayorías circunstanciales, contribuye al fortalecimiento de estas instituciones.

Lo ocurrido durante la vigencia de la Constitución de 1925 es una buena prueba de lo que puede implicar una falta de regulación, que terminó durante la Unidad Popular con miembros de las FF.AA. en labores de gobierno, incluido el gabinete. Se llegó al extremo de condicionar la permanencia del cargo de comandante en jefe de alguna de las ramas de los institutos armados a la permanencia en un ministerio, como ocurrió con el general del aire César Ruiz Danyau en agosto de 1973. Cabe esperar que lo recientemente votado pueda revertirse y hacerse una regulación más integral.

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Tras la muerte de la Estercita, tía Waverly no ha podido remontar del ánimo. Deambula triste por el departamento, cabizbaja y con la vista en cualquier parte. El perrito Braulio la sigue fiel, como en una eterna procesión. En verdad eso es lo que parecen ambos: unos penitentes cuaresmales en procesión. Sólo (con tilde) les faltan esos cucuruchos o capirotes cónicos del tipo sevillano para llevar en la cabeza.

Yo ya he comenzado mis clases de Lógica en la universidad. Tengo buenos alumnos y se ven entusiastas. Pero no he dejado de pensar en la muerte, no sé por qué. Y como Próspero en “La tempestad” de Shakespeare, “de cada tres pensamientos, uno será mi tumba” (5.1.312).

Y es que ya tengo edad para pensar en la muerte. Y no sólo (con tilde) para pensarla, sino para aquilatar sus efectos y ponderar sus eternas consecuencias. Llega uno a un estadio de la vida en que la muerte parece venir cabalgando a rienda suelta. Y ya me imagino en qué estarán la mente y el corazón de tía Waverly (Braulio probablemente no tenga conciencia de esto).

Y, no sé por qué tampoco, por estos días releo “El Quijote”, por tercera vez en la vida. Estoy arrobado y embelesado con el lenguaje, con las posibilidades de la lengua castellano-española a las que Cervantes llegó. En la novela también se trata el tema de la muerte, y no pocas veces. Y, de hecho, termina con la muerte del propio Alonso Quijano, el Bueno, tan arrugado como una pasa, tan arrugado y flaco como mi querida tía que ahora está sufriendo tanto.

B. B. Cooper

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