A la presión militar, económica y diplomática que el Presidente ruso, Vladimir Putin, enfrenta por su invasión a Ucrania, se suma ahora la judicial. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de captura en su contra por la deportación de niños ucranianos en zonas ocupadas por sus tropas, considerada un crimen de guerra.

El presidente del tribunal, Piotr Hofmanski, declaró que la orden de arresto fue emitida tras una demanda del fiscal de la CPI, Karim Khan, y que representaba un “momento importante en el proceso de justicia” de la Corte.

“Mi oficina identificó varios incidentes que incluyen la deportación de al menos cien niños, sacados de orfanatos y de hogares de cuidado”, dijo en un comunicado Khan. Según la autoridad, varios de estos niños habían sido puestos en adopción en Rusia y Putin emitió un decreto para darles la ciudadanía rusa rápidamente y facilitar su adopción.

“Estimamos que estos actos, entre otros, demuestran una intención de remover permanentemente a estos niños de su propio país. Debemos asegurarnos de que los responsables de estos presuntos crímenes rindan cuentas y que los niños sean devueltos a sus familias y comunidades (...) No podemos permitir que los niños sean tratados como si fueran botín de guerra”, manifestó.

Putin había sido acusado antes de ser responsable directo o indirecto de la comisión de crímenes de lesa humanidad, pero es la primera vez que un órgano como la CPI emite una orden de arresto por ese motivo contra el jefe del Kremlin. Solo ha habido otros dos mandatarios en ejercicios contra los cuales este tribunal ha decretado una orden de arresto: Omar Al Bashir (Sudán) y Moammar Gaddafi (Libia).

La corte, con sede en La Haya, también pidió la captura, por el mismo motivo, de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia. El contenido de las órdenes de arresto no fue divulgado.

“Para que se le dé la orden de arresto solicitada por la fiscalía tiene que haber bases razonables para creer que Putin participó en el delito de desplazamiento forzoso de niños”, aseguró a “El Mercurio” Francisco Cox, socio de BCP abogados, quien cuenta con experiencia litigando ante la CPI.

Tras la orden de arresto, Putin debería ser detenido apenas viaje a alguno de los países que reconocen la jurisdicción de la CPI pues, como plantea el abogado chileno, “los estados partes tienen el deber de cooperar”. No obstante, en casos anteriores eso no ha ocurrido, como cuando en 2015 Sudáfrica no detuvo a Al Bashir, alegando que tenía inmunidad por acudir a una cumbre de la Unión Africana, pese a que “el Estatuto de Roma —que constituyó a la CPI en 1998— establece que no permite la inmunidad con este tipo de delitos”, aseguró Cox.

El Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró la “decisión histórica” adoptada por el tribunal pues, según él, “dará inicio a una responsabilidad histórica” en la rendición de cuentas por los actos cometidos en su país, aunque no es miembro de la CPI.

En la vereda contraria, Rusia —que no reconoce la jurisdicción de la corte— desestimó la decisión. “Rusia, como cierto número de Estados, no reconoce la competencia de ese tribunal, y en consecuencia, del punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas”, declaró el portavoz de Putin, Dmitri Peskov. Más directo fue el expresidente ruso Dmitri Medvédev, quien comparó la orden de arresto a papel higiénico. “No hace falta explicar dónde debe ser usado ese papel”, escribió en Twitter en inglés, junto a un emoticón de papel de baño.

Si Putin o Lvova-Belova viajan a un país miembro de la CPI deberían ser arrestados, pero si no lo hacen, las implicaciones prácticas de la orden de arresto podrían ser limitadas. No obstante, es probable que la condena moral manche a Putin por el resto de su vida y se enfrente a un problema cada vez que busque asistir a alguna cumbre internacional.

“La audaz decisión de la CPI dañará la imagen de Putin en Rusia y fuera. También podría llevarlo a reducir sus viajes al extranjero, como a las reuniones del G20 y la Asamblea General de la ONU. La evidencia de las atrocidades cometidas en las áreas ocupadas de Ucrania está socavando aún más la reputación de Rusia y de Putin”, aseguró a este diario William Courtney, experto en Rusia de la Rand Corporation y exembajador estadounidense en Kazajistán y Georgia.

La CPI no tiene una fuerza policial propia para forzar el cumplimiento de las órdenes, pero Hofmanski, el presidente del tribunal, dijo que dependerá de la comunidad internacional hacerlas cumplir.

LEER MÁS
 

En la última parte de su gira regional por América Latina, los premios Nobel de la Paz rusos Pavel Andreyev y Kirill Martynov expusieron ayer en el “Conversatorio sobre derechos humanos y libertad de expresión” organizado por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica (CEIUC) y la Unión Europea para discutir temas de democracia, censura a medios y la importancia del apoyo de la región en estos temas tras un año desde la invasión rusa a Ucrania.

Martynov, quien obtuvo el premio en 2021 como subeditor jefe en representación del medio ruso Novaya Gazeta, calificó como un “paso hacia la justicia” la decisión de la CPI de emitir una orden de arresto contra el Presidente ruso, Vladimir Putin. “Es un día histórico, un gran paso de justicia para el pueblo de Rusia, Ucrania y todos nosotros. Aunque no se logre realmente arrestar a Putin, él sabe que estamos al tanto. Será conocido como un criminal de guerra”, dijo.

Andreyev, representante de la ONG Memorial, que obtuvo el Nobel en 2022, expresó agradecimiento por la decisión aunque con “poco optimismo”, debido a que “antes del anuncio de este dictamen han sido muchas las vidas robadas y mucho el sufrimiento provocado a las personas”.

En el conversatorio también abordaron la difícil situación dentro de Rusia para los opositores, incluyendo una censura “desde el inicio de su presidencia”. Andreyev sostuvo que hay un “ataque a la sociedad civil” por no mantener el discurso del Kremlin.

Martynov añadió que los medios independientes enfrentan dificultades extremas para informar a la ciudadanía. “(Los medios) son perseguidos, periodistas son asesinados; no existe la capacidad de poder hacer periodismo. Una minoría de rusos sabe todo acerca de la guerra, y la mayoría no quiere saber, ya que no saben qué hacer con esa información”.

LEER MÁS
 

Fuerzas de seguridad de Brasil desarmaron ayer una banda criminal sospechosa de llevar a cabo una ola de ataques en 45 ciudades del noreste del país, comandada por líderes desde el interior de las prisiones, que reclaman por las condiciones en los penales y por algunos traslados. Las autoridades informaron que un sospechoso murió y 17 fueron detenidos en el operativo en tres ciudades de Rio Grande do Norte.

LEER MÁS
 

La agitada y polémica tramitación de la reforma de pensiones en Francia, ya da sus primeros coletazos al Presidente Emmanuel Macron, luego de que la oposición presentara ayer dos mociones de censura paralelas contra su gabinete —que dirige la primera ministra Élisabeth Borne— y se desataran nuevas manifestaciones en las calles del país, con bloqueos en el transporte, las calles e incluso universidades.

“El voto de esta moción nos permitirá salir airosos de una profunda crisis política”, dijo ayer el presidente del grupo parlamentario centrista LIOT, Bertrand Pancher, cuya alianza presentó una de las mociones de censura contra el gobierno con la firma de 91 diputados de varios partidos, incluidos los legisladores del frente de izquierda Nupes.

La otra moción fue presentada por Agrupación Nacional (RN, en francés, extrema derecha), de Marine Le Pen, que fue apoyada por 87 diputados del partido. Le Pen, aun así ha hecho saber que RN votará no solo la suya, sino que también cualquier otra moción que se presente, aunque sea de izquierda, con el objetivo de tumbar al gabinete de Borne. Para la líder de la extrema derecha, “lo importante no es quién presente la moción, lo importante es que el gobierno caiga”.

Las mociones fueron presentadas luego de que el Ejecutivo adoptara el jueves la reforma de pensiones sin someterla al voto de los diputados, al temer una derrota en el Parlamento, donde carece de mayoría absoluta, mediante el artículo 49.3 de la Constitución. Ese controvertido mecanismo legal permite la adopción de una ley de financiamiento o de seguridad social sin la aprobación del Parlamento, previa deliberación del Consejo de Ministros, el que debe comprometer la responsabilidad del gobierno ante la Asamblea. El proyecto entonces se considerará adoptado, a menos que se apruebe una moción de censura que haya sido presentada en las 24 horas siguientes a la decisión.

Se espera que el debate en la Cámara Baja para aprobar o rechazar estos pedidos comience el lunes próximo. De ser adoptados llevarán a la caída del Ejecutivo liderado por Borne, sus ministros y de la reforma, pero no del Presidente Macron, que en el sistema semipresidencial francés es jefe de Estado pero no de Gobierno.

No obstante, es poco probable que las mociones recaben los respaldos necesarios, dicen los analistas. Por un lado, Agrupación Nacional está aislada políticamente, mientras que LIOT, que podría recabar más apoyos, no lograría los 287 votos necesarios para que la moción de censura avance. Le faltarían una treintena de apoyos, según estimaciones, que serían difíciles de obtener ante la posición de Los Republicanos (LR, conservadores), que apoyó y negoció la reforma.

“Los diputados pueden presentar una o varias mociones de censura contra el gobierno. Si se aprueba una moción de censura, el gobierno debe dimitir. En ese caso, el Presidente podría, incluso, disolver la Asamblea para obligar al pueblo a decidir (en una nueva elección). Si, por el contrario, (...) las mociones de censura no se aprueban, el gobierno sigue en funciones y el texto se considera aprobado aunque no se haya votado”, explica a “El Mercurio” Anne Levade, presidenta de la Asociación Francesa de Derecho Constitucional y profesora de Derecho en la Universidad de París 1.

En las calles las protestas continuaron. Ayer, decenas de manifestantes detuvieron el tráfico en diferentes sectores de la carretera que rodea París, estudiantes bloquearon algunos campus universitarios, hubo movilizaciones en varias ciudades y los recolectores de basura de la capital extendieron su huelga por 12 días, donde los residuos ya acumulan 10.000 toneladas.

En la Plaza de la Concordia, se dieron cita unos 4.000 manifestantes que al caer la noche tuvieron enfrentamientos con la policía, que dispersó la protesta con gases lacrimógenos y cañones de agua, al igual que la noche anterior cuando los disturbios dejaron unos 310 detenidos tras el anuncio del gobierno.

Los líderes de la influyente Confederación General del Trabajo han llamado a la gente a abandonar las escuelas, fábricas, refinerías y otros lugares de trabajo para obligar al gobierno a retirar el proyecto de ley. Aunque algunos sindicalistas dicen tener “miedo” de que el movimiento social los supere y se radicalice, dijo a France Presse el presidente de la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (una de las cinco sindicales más grandes del país), Cyril Chabnier, como sucedió con los chalecos amarillos en 2018-2019.

Macron, que no ha hablado en público desde la activación del 49.3, argumenta que se necesita la reforma para hacer que la economía francesa sea más competitiva y evitar que el sistema de pensiones (de reparto) quiebre.

“No creo que la presidencia de Macron se haya visto afectada negativamente todavía. O al menos, no es peor que su propia experiencia con los chalecos amarillos en 2018-2019. Además, los gobiernos franceses siempre se enfrentan a grandes protestas cuando instituyen cualquier tipo de reforma significativa. (...) La gran pregunta siempre es hasta qué punto los huelguistas cuentan con el apoyo de los ciudadanos en general. En este caso lo tienen, pero no es nada parecido a lo que ocurrió en 1995, por ejemplo, cuando París estuvo paralizada durante tres semanas seguidas. Aunque siempre cabe la posibilidad de que la situación empeore”, señala a este diario Vivien Schmidt, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston y directora del Centro para el Estudio de Europa de la universidad.

LEER MÁS
 

La oposición ecuatoriana activó el proceso de juicio político contra el Presidente Guillermo Lasso, al quien acusan de proteger cercanos en un supuesto entramado de corrupción en empresas públicas.

La solicitud de juicio político fue presentada el jueves en la Asamblea Nacional tras reunir 58 firmas de legisladores del correísmo; el derechista Partido Social Cristiano, exaliado electoral de Lasso, y de parlamentarios del movimiento indigenista Pachakutik y de Izquierda Democrática.

Para avanzar, la acusación deberá ser evaluada por la Corte Constitucional para determinar si está debidamente fundamentada.

LEER MÁS