El gobierno estadounidense derribó ayer el “globo espía” chino que sobrevoló en los últimos días el territorio de ese país, según informó el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd J. Austin.

A través de un comunicado, Austin precisó que el artefacto, “que estaba siendo utilizado por la República Popular China en un intento de vigilar sitios estratégicos en los Estados Unidos continentales”, fue derribado por dos aviones de combate sobre las aguas, frente a la costa de Carolina del Sur.

Minutos después el propio Presidente Joe Biden declaró a los medios que el globo fue derribado “con éxito” y que la orden la dio él mismo el miércoles pasado.

Según el comunicado, después de “un análisis cuidadoso”, los comandantes militares estadounidenses “determinaron que derribar el globo mientras se encontraba en tierra representaba un riesgo indebido para las personas en un área amplia debido a su tamaño y a la altitud del globo y su carga útil de vigilancia”.

Según medios locales, los restos del aparato cayeron sobre el mar y fueron recogidos por las autoridades estadounidenses.

El Pentágono anunció el jueves que estaba siguiendo los movimientos de un “globo espía” chino que sobrevolaba el estado de Montana (noreste de EE.UU.), donde se encuentra uno de los tres campos de silos de misiles nucleares existentes en territorio estadounidense.

Más temprano, Washington informó que un segundo globo “de vigilancia” chino sobrevuela Latinoamérica. “Estamos viendo informes de un globo que transita por América Latina”, indicó el portavoz del Pentágono, Pat Ryder. “Ahora evaluamos que es otro globo de vigilancia chino”, agregó, sin especificar su ubicación exacta.

Si bien las autoridades chinas expresaron su “pesar” por una intrusión “involuntaria”, el gobierno del Presidente Biden lo consideró “inaceptable” y decidió cancelar una visita a Beijing del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, prevista para hoy y mañana lunes.

El jefe de la diplomacia expresó el descontento estadounidense durante una llamada con su homólogo chino Wang Yi, denunciando “un acto irresponsable” y “una clara violación de la soberanía de Estados Unidos que socava el objetivo del viaje”.

El máximo funcionario del Partido Comunista chino para la diplomacia le subrayó que su país actúa de manera “responsable” y “siempre ha respetado estrictamente las leyes internacionales”, según la agencia oficial de noticias China News.

China restó importancia a la cancelación del viaje. “En realidad, EE.UU. y China nunca habían anunciado ninguna visita. Que EE.UU. haga tal anuncio es asunto suyo, y nosotros lo respetamos”, señaló ayer el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado. La cancillería agregó que “algunos políticos y medios en Estados Unidos usaron el incidente (del globo) como pretexto para atacar y difamar a China”, y que “China (...) nunca violó el territorio y el espacio aéreo de ningún país soberano”.

El impasse por el globo se suma a una serie de choques entre Washington y Beijing, algunos de los cuales se arrastran desde el gobierno de Donald Trump. “En muchos sentidos, la administración Biden ha continuado con las políticas de línea dura hacia China de Trump, pero con un elemento adicional crítico: el trabajo en conjunto con aliados y socios. Los acercamientos de Biden a aliados y socios han contribuido a mejorar sus relaciones. Pero, en lo que respecta a China, una combinación del comportamiento agresivo de China en la escena mundial y su tratamiento de Xinjiang, Hong Kong, Mongolia Interior y Taiwán son razones significativas por las que las relaciones entre EE.UU. y China no han mejorado en los últimos años”, dijo a “El Mercurio” Bryce Barros, analista de asuntos de China en la Alianza para la Seguridad de la Democracia del German Marshall Fund.

Acaba de cumplir un mes en el cargo, pero el Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta múltiples desafíos, como el alza inflacionaria, las investigaciones por el ataque de una multitud de bolsonaristas radicales en Brasilia y las diferencias con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el mandatario izquierdista también ha puesto sus ojos en un problema que en las últimas semanas se ha tomado la portada de todos los diarios y que podría provocar una crisis mayor que todos los anteriores: la situación en la Amazonía.

“La realidad es mucho peor de lo que esperábamos”, reconoció la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, en una entrevista reciente con France Presse. Y es que la situación ecológica es crítica en la Amazonía brasileña —la mayor selva tropical del mundo—, donde la deforestación aumentó un 75,5% durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y se disparó un 150% en el último mes de su gestión, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales.

“Durante 4 años, el discurso del gobierno de Bolsonaro siempre incentivó a la expansión agrícola y de la minería en la Amazonía, lo que da cuenta del alza de la deforestación. Además, el gobierno redujo drásticamente el presupuesto de órganos de control del tema en la región y aprobó normas para debilitar la legislación ambiental”, aseguró a “El Mercurio” Jerônimo Sansevero, ingeniero forestal de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro.

Entre 2019 y 2022, el número de multas por actividades ilegales en la Amazonía se redujo en un 38% en comparación con los cuatro años previos, según un análisis de datos del gobierno brasileño realizado por Climate Observatory, una red de grupos ambientalistas sin fines de lucro.

La aparente falta de control no solo ha tenido un impacto medioambiental. Medios locales, así como el gobierno, han advertido de la situación que están viviendo los indígenas yanomamis en la zona, especialmente los niños y niñas. El Ministerio de los Pueblos Indígenas estima que “al menos 570” menores yanomamis fallecieron en los últimos años “por contaminación de mercurio, desnutrición y hambre”. Según la cartera, 99 yanomamis de entre 1 y 4 años de edad murieron solo en 2022 como consecuencia de desnutrición, neumonías o diarreas vinculadas al “avance de la minería ilegal en la región”, que contamina los ríos y destruye la selva. Las aldeas sufren además brotes de malaria y la violencia de los mineros ilegales, que se estiman en más de 20.000 en la tierra de estos indígenas, situada entre los estados de Amazonas y Roraima.

“Lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los yanomamis”, manifestó Lula tras viajar a la zona afectada y declarar emergencia sanitaria en el lugar.

Además del evidente interés ecológico y humano por lo que ocurre en la Amazonía, Lula también tiene una razón política para resolver la tragedia de la zona. Ambientalistas, pueblos indígenas y los votantes que simpatizan con sus causas fueron importantes para la estrecha victoria del líder del Partido de los Trabajadores ante Bolsonaro en la presidencial del año pasado, y ahora le exigirán que cumpla sus promesas de campaña.

El nuevo mandatario también ha hecho de la lucha medioambiental una de sus principales referencias cuando habla con líderes o medios internacionales, y ha manifestado que la agenda verde va a ser un “elemento central en la política exterior, porque de la cuestión climática depende la supervivencia del planeta”, como destacó Celso Amorim, exministro y actual asesor de Lula para asuntos internacionales.

En ese sentido, no es casualidad que la primera visita al exterior de Lula como Presidente electo haya sido a la COP27 el año pasado.

“El tema medioambiental es la principal bandera de Lula en relaciones internacionales. Él hizo de esa cuestión una clave para la reinserción de Brasil en el sistema internacional. En los últimos cuatro años el país fue muy criticado por la comunidad internacional por el tema medioambiental, y Lula, junto con sus asesores, captó muy bien eso”, dijo a este diario Pedro da Costa Júnior, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Campinas.

La dura situación actual de la Amazonía también ha entorpecido las relaciones comerciales internacionales, como en el caso del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que se firmó en 2018, pero cuya ratificación se ha retrasado en lugares como Francia o Países Bajos debido a que exigen que la sostenibilidad de este pulmón verde no se vea comprometida.

En sus dos gobiernos anteriores (2003-2011), Lula consiguió reducir la deforestación de 25.000 km² a 4.500 km², pero la difícil situación actual podría complicarle el volver a repetir la hazaña.

Para llevar a cabo sus objetivos ambientales y promesas de campaña, el mandatario nombró a ambientalistas e indígenas reconocidos en puestos clave en agencias vinculadas al tema, partiendo por Marina Silva, quien ocupó el mismo cargo en los anteriores gobiernos del izquierdista, hasta que renunció en 2008 y se distanció de él. Tras reconciliarse, la ecologista fue una de las principales figuras que llevaron a la victoria a Lula el año pasado. Además, el mandatario creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas, que está dirigido por Sonia Guajajara, la primera mujer indígena en ocupar un cargo gubernamental de ese nivel en el país.

“No será un camino fácil (...) Pero vamos a intentar recuperar el tiempo perdido”, manifestó Silva la semana pasada, junto con reafirmar que su gobierno intentará cumplir la meta de alcanzar la deforestación 0 para 2030.

El mandatario también adoptó otras medidas, como reactivar, en su primer día en el cargo, el Fondo Amazonía, creado en 2008 para captar donaciones destinadas a inversiones de preservación de la floresta, pero que estaba congelado desde 2019 por diferencias entre los gobiernos de Noruega y Alemania, principales donantes, con la administración de Bolsonaro por la gestión de los fondos. Tras la reactivación, Alemania ya anunció el envío de 35 millones de euros al fondo. Lula, además, revocó el decreto de la administración anterior que permitía la actividad minera en zonas indígenas y de protección ambiental que, entre otras cosas, ha provocado la muerte de los yanomami.

La semana pasada, la agencia estatal de medio ambiente, Ibama, anunció que se había enviado a los equipos para iniciar las operaciones de fiscalización contra la deforestación.

En la vereda contraria del gobierno están los que temen que la promesa de Lula de aplicar protecciones ambientales estrictas dañe el crecimiento del país al reducir la cantidad de tierra abierta para actividades económicas y el desarrollo, o que castigue a personas por realizar actividades que hasta hace poco estaban permitidas. Entre ellos están los gobernadores opositores de seis de los nueve estados amazónicos.

El descarrilamiento de unos 50 vagones de un tren y un fuerte incendio resultante provocaron una orden de evacuación en un poblado de Ohio cerca de los límites con el estado de Pensilvania, cubriendo el área con nubes de humo que lucían naranjas al ser iluminadas por las llamas.

Los 50 vagones se descarrilaron en el poblado de East Palestine, precisó el operador ferroviario Norfolk Southern.

El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó ayer de que fueron ejecutados allanamientos dentro de un caso que favorece la libertad de un líder criminal en el país.

“Allanamientos a los involucrados en la decisión de liberar a Jr. Se recolectaron las pruebas para esclarecer la vinculación con el presunto delito de Fraude Procesal. Advertimos que íbamos a actuar ante los malos elementos en la justicia y así lo hacemos”, escribió en Twitter el gobernante.

Lasso arremetió el viernes contra un fiscal y una jueza que permitieron que pueda volver a quedar en libertad Junior Roldán, al que el mandatario identificó como el número dos de “Los Choneros”, una de las bandas criminales protagonistas de la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

La Fiscalía federal alemana advirtió sobre una “creciente disposición a la violencia” por parte de los llamados “Reichsbürger” o “Ciudadanos del Reich”, un movimiento de extrema derecha. “Una gran parte de ese entorno está dispuesto a la violencia activa o expresan mucho más sus fantasías violentas contra los representantes institucionales”, afirmó el fiscal federal, Peter Frank, en una entrevista con el dominical Welt am Sonntag.

El golpe más consistente contra los “Reichsbürger” fue el desmantelamiento el año pasado de un grupo organizado en torno a un empresario alemán que se hace llamar Heinrich XIII, Príncipe Reuss, y cuyos planes incluían un golpe de Estado.