Tomada la decisión de no pactar con Chile Vamos para la elección de consejeros constitucionales, el Partido Republicano continúa trabajando en su lista de 72 candidatos, la cual, según comentan en el debate interno, va bien avanzada, ya que solo faltarían por completar alrededor de seis cupos.

El perfil que se estaría buscando es de personas con “formación técnica y profesional”, de regiones, y con capacidad para asumir el desafío de redactar una nueva Constitución. Y pese a este último requisito, en el partido opositor indican que para ser capaz de participar del proceso de redacción de una Carta Magna no necesariamente se necesita ser abogado, sino que también tener manejo político.

En este proceso, la edad también cobra valor, ya que de sus 72 cartas, alrededor de un tercio tendría menos de 35 años. “Se está haciendo una apuesta también pensando en el futuro”, señala un dirigente que ha estado involucrado en las conversaciones.

Ante esto, desde republicanos ya han comenzado a confirmar algunos de los nombres que competirán el próximo 7 de mayo: por la Región Metropolitana se presentarán Macarena Bravo, actual prosecretaria de la colectividad, y el profesor de derecho constitucional Luis Silva, que también buscó integrar la extinta Convención Constitucional.

En la pasada elección parlamentaria, el partido obtuvo un buen resultado en la RM, ya que logró instalar a 5 nombres en el Parlamento: Rojo Edwards, en el Senado, y Cristián Araya, José Carlos Meza, Johannes Kayser y Gonzalo de la Carrera (quien renunció al partido posteriormente), en la Cámara de Diputados, por lo que la intención es seguir potenciando su presencia en la capital, pero también en otras regiones, como Biobío, O'Higgins, Los Lagos y Valparaíso.

Justamente en estas últimas tres regiones el Partido Republicano ya tiene nombres confirmados. Para la quinta región, que entrega 5 escaños para el Consejo Constitucional, presentarán al exsecretario general de la tienda, Antonio Barchiesi, quien es abogado de la Universidad Católica, de 32 años.

Catalogado como un hombre cercano a José Antonio Kast, Barchiesi —oriundo de Villa Alemana— jugó un rol importante en la constitución del partido a nivel nacional y en la última elección parlamentaria. Es hermano de Chiara Barchiesi, diputada del partido. Como dupla tendrá a María de los Ángeles López, abogada que actualmente es la secretaria de la directiva regional de los republicanos en la Región de Valparaíso.

En O'Higgins presentarán otro nombre cercano, al ex abanderado presidencial Sebastián Figueroa, actual director ejecutivo de Acción Republicana, quien buscará ganar un escaño en la región en la cual se desempeñó como seremi de Educación. Asimismo, fue parte del equipo que trabajó en la Reconstrucción luego del terremoto del 2010 junto al intendente de la época, Rodrigo Pérez Mackenna.

En Los Lagos, en tanto, competirá Beatriz Hevia, abogada de 30 años, nacida en Osorno y que se desempeña como asesora legislativa. Su incursión en política se dio en la primera campaña presidencial de Kast, en el año 2017, donde fue coordinadora del equipo de jóvenes.

En su rol de asesora, trabajó con el exministro de Economía Lucas Palacios y entre los años 2018 y 2021 asesoró al diputado del Partido Republicano Harry Jürgensen.

Y al margen de que desde los republicanos tengan la intención de presentar 72 candidatos para competir en todas las zonas del país, la opción de generar pactos por omisión con Chile Vamos también está sobre la mesa: en caso de no tener un candidato competitivo en alguna región, priorizarán no presentar nombres y así evitar la dispersión de los votos.

Una reunión por Zoom sostuvieron la mañana de ayer las mesas directivas de Chile Vamos, para avanzar en la conformación de su nómina de candidatos al Consejo Constitucional, previo a la inscripción de nombres del lunes. En el bloque trabajan, por ahora, pensando en que inscribirán una lista sin republicanos, ni Amarillos ni Demócratas, movimientos políticos que decidieron no competir sumándose a un pacto, aunque las miradas seguían puestas a cómo la izquierda resuelve sus alianzas.

Así, ayer se dilucidaron algunos postulantes por la Región Metropolitana (RM). RN llevará al exministro y expresidente del directorio de TVN, Bruno Baranda. En el partido, precisamente, habían recibido las negativas de otros dirigentes a la idea de competir, como sucedió con el exministro Nicolás Monckeberg. En un minuto se sondeó al actor Cristián de la Fuente, lo que tampoco habría prosperado.

Mientras, la UDI ratificó que postulará por la capital al exministro del Interior y exalcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, buscando llevar cartas conocidas por la opinión pública. Si bien se tanteó con la exministra Mónica Zalaquett, su opción tampoco habría prosperado, considerando que internamente se realizaron sondeos para evaluar si cada nombre concitaba apoyo.

A Baranda y Delgado se suma la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, quien haría dupla con la presidenta de las juventudes de ese partido, Fernanda Ulloa. El bloque también podría llevar al dueño de la ex Fuente Alemana, Carlos Siri, promovido por la ex Casa Ciudadana por el Rechazo.

En las tiendas admiten que ha habido varios nombres que, pese a ser considerados buenas cartas, han rechazado competir. En RN, su extimonel Carlos Larraín comunicó a la directiva de Francisco Chahuán que no estaba disponible, aludiendo a temas personales y familiares. En el partido algunos confiaban que pudiera ser opción por Magallanes y recordaban que en el consejo general del sábado recibió fuertes aplausos al intervenir.

Otra figura que habría transmitido su negativa es el exministro de Salud Enrique Paris. El médico era sondeado tanto por Evópoli como por RN. A su vez, en el bloque indican que la expresidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, también ha manifestado no estar disponible para otra carrera electoral.

“Atendida la grave y reiterada infracción de los deberes partidarios de que se dio cuenta en lo considerativo de este fallo, se sanciona con la medida de expulsión a Fuad Chahin Valenzuela, David Morales Nordetti y Rogelio Zúñiga Escudero. Dispóngase la eliminación de los expulsados de todos los registros partidarios”.

Esa es parte de las resoluciones del fallo del Tribunal Supremo (TS) de la Democracia Cristiana respecto del caso en el cual determinó existencia de fondos sin rendir, correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021; y que en los contratos de promesa de compraventa (en el caso de inmuebles de Macul y Talagante) y del contrato de compraventa (en La Florida) “se ha fijado un precio menor que el correspondiente a su precio de mercado”.

De esa forma, el TS concluyó que los aludidos infringieron deberes de los militantes de la Democracia Cristiana.

“Me tiene sin cuidado, para mí era obvio que iban a expulsarnos; era el propósito de esta causa sin fundamento”, sostuvo al respecto Chahin, el extimonel de la DC, quien, de todas maneras, había renunciado al partido en diciembre de 2022.

Chahin añadió que “nunca se señalaron pruebas, ni se respondieron los argumentos jurídicos, que eran muy contundentes. Así de descarada es esta resolución. Nos dimos cuenta que era una operación evidente con el objetivo de mancharnos, lo cual fue siempre la estrategia. Esto es un síntoma más de la descomposición de la DC”.

A raíz del caso, cercanos a los expulsados de la DC contaron que estarían evaluando acudir a la justicia ordinaria, ya sea por la vía de recurso de protección o una querella.

“Descafeinado” y “sin carne”. Así describían ayer desde la oposición el documento enviado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, con una serie de propuestas para avanzar en la agenda de seguridad a ser revisadas por los parlamentarios, de cara al mes de marzo. Lo anterior se dio tras una cita sostenida el martes en La Moneda, a la que de parte de la oposición solo llegó el senador RN Manuel José Ossandón y algunos alcaldes, como Germán Codina, del mismo partido.

El análisis que hacían algunos dirigentes del sector es que el Ejecutivo envió este documento antes de terminar enero solo para “salir del paso” y exhibir algo concreto en esta materia. Desde la oposición, además, la serie de medidas fueron consideradas insuficientes.

Un reflejo de ello fue lo plasmado en un documento emitido por la bancada de diputados de RN, liderada por Andrés Longton, en el cual realizan un juicio de las medidas. El texto, que fue compartido por el abogado de la bancada Pablo Celedón, se titula “Un puñado de propuestas sin coherencia y de escasa originalidad”, y en este incluso se alude a un “plagio” de iniciativas propuestas en el acuerdo por seguridad del expresidente Sebastián Piñera. “Un atentado a la propiedad intelectual o un plagio, es una buena manera de definir la hoja de ruta que construyó el Gobierno en la puesta en escena del denominado acuerdo transversal”, indican.

“Un gran porcentaje de las propuestas parecen surgir de la convicción repentina del Gobierno. Son iniciativas en trámite legislativo, ya sea de mensajes presidenciales del expresidente Piñera o de mociones parlamentarias”, añaden en el texto.

En los chats de la tienda, además, diputados divulgaron un texto con las “diez principales deficiencias” del documento enviado por Tohá, mencionando, entre ellas, la ausencia de estado de excepción en la zona norte, que no tipifica el ingreso migratorio clandestino como delito o la ausencia de una Defensoría de las Víctimas para delitos como secuestro, lesiones, encerronas, portonazos, atentados incendiarios, robos con intimidación o violencia.

El senador Ossandón, en tanto, transmitió que realizaría otro documento con las materias que considera favorables y desfavorables de lo propuesto por el Ejecutivo.

Mientras, desde la UDI, el diputado y presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara, Jorge Alessandri, señaló que el Gobierno sabe que cualquier cosa que haga en materia legislativa tiene que pasar por el Congreso. Por eso le hemos dicho que, más que una mesa, lo importante es que lleguen los proyectos a la comisión de seguridad. En 11 meses de gobierno no ha llegado ninguna urgencia a esa comisión. Eso no es ni siquiera insuficiente, es inexistente”. Desde el Senado, en tanto, el senador Iván Moreira (UDI) dijo que el documento “es solo un compendio de proyecto realizado con anterioridad, un relleno y pegoteo de anuncios conocidos”.

También se pronunció la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, declarando que los parlamentarios del partido están totalmente abiertos a apoyar los proyectos de seguridad pública dentro del Congreso que presente el Ejecutivo. “Esos deberían ponerse en marcha muy rápidamente y no necesitan ponerse de acuerdo para hacerlo”, dijo.

Fuera de Chile Vamos, desde la DC, el jefe de sus diputados, Eric Aedo expresó molestia por no ser convocado a la reunión por seguridad realizada el martes. “Es un acto hostil contra la bancada”, cuestionó. En La Moneda explicaron que se invitó a un representante por partido, con Francisco Huenchumilla en el caso de la DC.

La ministra Tohá, en tanto, respondió ayer en CNN Chile: “Este documento no está cerrado. Quedamos de que en febrero se nos iban a hacer observaciones para enriquecerlo”, indicó. Respecto de las críticas de la oposición, dijo: “Hace poco, uno se juntaba con sus parlamentarios y decían que no se recogía ninguna propuesta. Ahora, dicen que es un plagio de sus propuestas”.