El ataque contra los tres poderes del Estado impulsado por miles de bolsonaristas radicales conmocionó a Brasil y dejó cerca de 1.500 detenidos, a un exministro arrestado y a un gobernador suspendido. Esas medidas fueron celebradas por casi todos los sectores ante lo que vieron como un ataque directo a la democracia, pero, a la vez, han generado cuestionamientos sobre los alcances que tiene el poder del Supremo Tribunal Federal (STF) y, en particular, uno de sus más polémicos jueces: Alexandre de Moraes.

Inmediatamente después de que los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro entraran a la fuerza a las sedes del Congreso, del Ejecutivo y del STF, Moraes fue el primer miembro de la Justicia en reaccionar. Pocas horas después del ataque, y cuando las investigaciones sobre lo ocurrido apenas habían comenzado, el juez decretó la suspensión por 90 días del gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha. La decisión, calificada como “inédita” en Brasil, fue refrendada por el pleno del STF, pero eso no ha evitado que surjan cuestionamientos, pese a que el juez justificó la suspensión argumentando que Rocha fue negligente y conspirador, e intencionalmente no actuó para evitar lo que ocurrió en la Explanada de los Ministerios.

“No cabe duda de que la decisión de De Moraes es controversial, pues Rocha acaba de ser reelegido en los comicios de 2022 y en primera vuelta. Históricamente, el STF ha sido muy cuidadoso a la hora de destituir a los funcionarios del gobierno, por respeto al voto popular. En casos anteriores de gobernadores derrocados, había una investigación en curso que respaldaba la acusación. Este no fue el caso del gobernador de Brasilia”, dijo a “El Mercurio” Ricardo Ismael, académico de la PUC-Río. Desde 2017, el STF admite la suspensión cautelar de un gobernador por decisión judicial, sin necesidad de la autorización del legislativo estadual, pero no es algo habitual.

Juliano Zaiden Benvindo, experto en derecho constitucional de la Universidad de Brasilia, plantea que “para el derecho constitucional comparado realmente parece heterodoxo que una corte constitucional suspenda a un gobernador. Es una hipótesis extrema que parece contradecir los principios básicos de la separación de poderes”. No obstante, el académico plantea que “existen precedentes” de casos similares y que, debido a la gravedad de la situación que se vivió, “esta remoción no parece del todo ajena al derecho brasileño”.

Sin duda, esa suspensión es el caso más polémico que envuelve al juez del STF, pero no el único. Entre las interrogantes que rodean el actuar de De Moraes tras el asalto en Brasilia se encuentran la concentración de casos en sus manos, pasar a llevar a la Procuraduría General de la República (PGR), tomar decisiones sin una investigación previa —como el caso del gobernador de Brasilia—, el uso excesivo de prisión preventiva contra los sospechosos de haber atacado los poderes del Estado y el veto o demora en permitir a la defensa de los arrestados tener acceso a documentos oficiales.

Uno de sus últimos actos controversiales ocurrió la semana pasada, cuando ordenó a jueces de primera instancia que realizaran la audiencia de custodia a unos 800 detenidos por los actos de vandalismo, pero no les permitió definir el destino de las personas arrestadas. De Moraes también ha asegurado que quienes atacaron las sedes públicas son “terroristas”, lo que ha sido discutido por especialistas en Brasil.

“No creo que De Moraes haya tomado sus decisiones con mala intención. Creo que su intención era defender el sistema democrático que estaba bajo ataque, pero cuando esto se hace fuera del límite constitucional crea un precedente peligroso, porque son otros los tribunales que tienen competencia en ese ámbito”, dijo a este diario Rubens Beçak, profesor de derecho constitucional de la Universidad de São Paulo.

El debate ahora está en si De Moraes y el STF se han convertido en una especie de sheriff que determina a su antojo qué es una amenaza contra la democracia y qué no.

El juez del supremo ha tenido una incidencia cada vez mayor en la política nacional desde marzo de 2019, al inicio del gobierno de Bolsonaro, cuando el entonces presidente del STF, Dias Toffoli, dio inicio a un proceso para investigar una serie de noticias falsas que habían sido divulgadas y amenazas a los ministros de la corte, y dejó a De Moraes a cargo.

Desde el comienzo, ese proceso fue atípico, pues, por regla general, es el Ministerio Público el que debe iniciar un proceso así y no el STF. Además, el relator suele ser definido por sorteo.

A partir de entonces, De Moraes comenzó a impulsar una indagatoria contra personas, principalmente bolsonaristas, que promovían y financiaban la difusión de informaciones no verificadas. Así, se posicionó como el principal personaje en la lucha contra las noticias falsas, pero los seguidores de Bolsonaro lo acusaron de una persecución.

La investigación despertó mucho debate jurídico y fue cuestionada por la PGR, aunque finalmente el plenario del STF confirmó su legalidad en 2020 por 10 votos contra 1.

Ese mismo año se abrió una segunda investigación, a pedido de la PGR, para indagar en la organización y financiamiento de actos antidemocráticos, que también dirigió De Moraes. El juez decidió terminarla en 2021, pero luego la reabrió. Basado en ese proceso, De Moraes ha indagado en el actuar de personas con foro privilegiado, como congresistas.

Esos procesos estuvieron en el centro de las múltiples disputas que mantuvo Bolsonaro con el STF durante todo su mandato. El ahora expresidente también estuvo en la mira del tribunal por las dudas que sembró sobre el sistema electoral del país, que ha funcionado sin problemas desde hace casi tres décadas.

El último episodio de este enfrentamiento se produjo hace solo unos días, cuando el STF aceptó la solicitud de la PGR de incluir a Bolsonaro en la investigación por el asalto a los poderes en Brasilia. Quien aprobó la petición fue, nuevamente, De Moraes.

El actuar del juez durante las elecciones del año pasado igualmente generó controversia, especialmente considerando que también es presidente del Tribunal Superior Electoral. Entre otras cosas, ordenó que se retirara información considerada falsa de algunos sitios web; mandó investigar la campaña de Bolsonaro por sus afirmaciones, sin pruebas, sobre irregularidades en la difusión de propaganda electoral en las radios, y prohibió al gobierno utilizar imágenes o videos de las conmemoraciones del bicentenario de la independencia del país para su campaña.

“El actuar de De Moraes podría volverse un problema grave en el futuro, pero, ahora, era inevitable. Sin el actuar del Poder Judicial, Brasil habría vivido una grave crisis institucional (por el ataque en Brasilia)”, aseguró el politólogo Edson Nunes.

La dirigenta opositora argentina Patricia Bullrich adelantó ayer que presentará un pedido ante la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE.UU., para que detenga al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando arribe a Argentina en los próximos días para la cumbre de la Celac.

“El día de mañana (hoy) voy a hacer una presentación a la DEA. Porque hay un pedido de captura a Maduro” por denuncias de narcotráfico, aseguró Bullrich, quien ya había señalado anteriormente que buscaría la detención del líder chavista si se presenta en Argentina.

Con Perú sumido en una ola de protestas que tiene al país enfrentado desde hace semanas a un escenario de caos y conmoción, elementos que incluso se vieron esta semana en la capital, Lima, y con registros de al menos 55 muertos en lo que va de las manifestaciones, el futuro inmediato de la nación se ve muy incierto, con extremos políticos que avivan la violencia para sus propios objetivos, según el politólogo Andrés Calderón.

En entrevista telefónica con “El Mercurio”, el también presidente del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana aseguró que en el país existe un “germen de molestia” contra diversas instituciones en el país, que se agudizó en el último tiempo durante el gobierno de Pedro Castillo, y que aumentó aún más tras su destitución, en una nación que se enfrenta a una “tormenta perfecta” de violencia.

—Las imágenes y noticias que llegan desde Perú dan cuenta de una situación en la que prima una violencia muy profunda en estas protestas que vive el país ¿Dónde se origina este nivel de violencia que estamos viendo?

“Estamos viendo niveles de violencia alarmantes en Perú. Se manifiestan prácticamente en cualquier evento de la protesta social, y ya es poco probable que haya protesta totalmente pacífica que no desencadene en actos de agresión desde o hacia los manifestantes.

Esto tiene varias fuentes. Hay un evidente descontento social que se ve agravado por la cantidad de heridos y fallecidos que ha habido en el país, lo que hace que alguna parte de los manifestantes vean a las fuerzas del orden como enemigos. Esto lo vimos ahora en Lima, porque la marcha pacífica que se esperaba rápidamente se convirtió en agresión, porque la forma en la que los manifestantes reaccionaron a la presencia policial fue lanzarle piedras y ladrillos.

Como sabemos, la violencia desencadena más violencia. Y en Perú ha habido muy poca capacitación e inteligencia en las fuerzas del orden para saber cómo lidiar con este tipo de evento, de manera que tal que impongan la fuerza, pero más como un mecanismo de desincentivo, y que no se tenga que recurrir a la fuerza letal. Esto, sumado a que cada vez que ocurrió un evento como esto difícilmente se encontraron responsables, ha generado que exista una especie de mando de impunidad para el uso excesivo de la fuerza.

Tenemos entonces una tormenta perfecta”.

—Pero además de violencia de manifestantes hacia las fuerzas del orden, y viceversa, se han podido registrar varios casos de violencia hacia la prensa, algo que usted ha podido documentar en su rol como miembro del Consejo de la Prensa Peruana ¿A qué responde eso?

“Hay un germen de molestia con varias instituciones del Estado de derecho, entre ellas la prensa, que también se origina en un discurso polarizante que viene imperando en la narrativa política.

Tenemos por un lado al gobierno que llama como ‘enemigos de la democracia' a quienes protestan, porque dicen que plantean soluciones que no son constitucionales, como que renuncie la Presidenta, que se disuelva el Congreso, y que se reinstaure al Presidente (Pedro) Castillo, que fue válidamente vacado. Y por el otro lado tenemos a manifestantes que achacan al gobierno ser ‘enemigos del pueblo' y no respetar la voluntad popular.

Dentro de este ida y vuelta de motes estigmatizantes, la prensa había sido destinataria ya desde la época de Castillo de este tipo de discursos. Castillo solía llamar a la prensa enemiga del pueblo, que era un chiste, que inventaba noticias, y esto se repitió tanto, y se defendió tan poco la libertad de prensa, que generó que hoy la prensa sea parte central del discurso. Y temo que en algunos casos medios y periodistas se equivoquen en su papel informativo y se empiecen a posicionar en alguno de los dos lados de este enfrentamiento, lo que va a calentar aún más los ánimos”.

—¿Dónde recaen hoy las responsabilidades por toda esta violencia y desorden que se ve?

“El principal responsable de esta situación que estamos viviendo, de tanto antagonismo, es el gobierno saliente de Pedro Castillo. Durante meses de su campaña y durante su gobierno, fue una constante el no dialogar con la prensa y no establecer puentes de comunicación con otros actores políticos.

Cierto es también que desde el otro lado de la escena política, sobre todo los grupos de la extrema derecha, han tenido esa vocación. No quisieron reconocer el resultado de las elecciones, y no se sentaron nunca a hablar con el gobierno. Y en su momento grupos de extrema derecha, tanto políticos como de personas organizadas, realizaron ataques contra medios y periodistas a los que tildaron de ser del otro espectro político.

Todo eso ha generado que estemos en este ambiente en el que prima la antipatía”.

—¿Se ve entonces que haya espacio para el diálogo en Perú o esta es una situación que solo parece manejarse por violencia y esa antipatía que describe?

“Creo que hay sectores importantes que no quieren entrar al diálogo. Está el grupo más cercano a Perú Libre, el partido de Castillo, que solo quiere una agenda constituyente, una nueva Constitución. Y del otro lado, de la extrema derecha, solo quieren orden a cualquier costo, y que se repriman las marchas.

Esos son los dos extremos que evitan que llegue el diálogo. Y aunque son extremos, y no son la mayoría, también hay falta de capacidad de generar un discurso político que logre un respaldo mayor de la población para que así los extremos se sientan más aislados”.