A nivel nacional, cifras de la PDI indican una caída del 5% de los ingresos de migrantes ilegales al país (contabilizando las denuncias y autodenuncias) en 2022 respecto de 2021, año que marcó el peak de casos desde que se inició la crisis migratoria en el norte. Entre ambos años hubo 2.711 casos menos (56.586 en 2021 contra 53.875).

Pese a este retroceso, el flujo de extranjeros desde Perú y en especial Bolivia, por la localidad fronteriza de Colchane, es permanente. Su alcalde, Javier García, explica que “en los últimos meses ha mejorado la situación, hay menos gente y la ciudad ya no está tan colapsada. Pero ahora los migrantes buscan otras zonas para ingresar, con la ayuda de ‘coyotes' (guías)” y así siguen camino al sur.

Aunque las cifras indican menos casos a nivel nacional, la Región de Tarapacá tuvo un aumento sostenido en 2022, con 14.762 denuncias (controles de la PDI) y 815 autodenuncias (el propio migrante se denuncia por ingreso ilegal), con un total de 15.577 casos. En 2021 registró 13.078 denuncias.

En tanto, las regiones de Arica tienen un leve descenso, con 2.314 casos en total (5.572 en 2021) y Antofagasta, 3.797 (8.345 en 2021).

“No es que todos los denunciados en Tarapacá hayan ingresado por Colchane, esto solo da cuenta de que fueron denunciados en esta región, pero también pudieron ingresar por Arica y fueron fiscalizados en Tarapacá. Así pasa con otras regiones como la Metropolitana, que tienen alto número de denuncias (11.779 en 2022 y 12.610 en 2021)”, explicó la comisaria Mittzi Vergara Flores, del Departamento de Policía Internacional.

El delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, comentó que “el Estado tiene poca capacidad de contar a aquellos que eluden los controles”, pero apuntó al mejoramiento del tema migratorio en la zona norte, porque “particularmente en este período estival, los ingresos irregulares han sido un tercio de lo registrado en años anteriores”.

Ayer, en Colchane, la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras inaugurar instalaciones del complejo fronterizo, sostuvo que “hace un año, el caos que había en este lugar o en las calles de Iquique no es la situación que tenemos hoy y eso ha sido fruto de un trabajo que hemos hecho, en que ha participado la comunidad, el Gobierno, los municipios y los privados”.

Estas cifras se dan días después de que el Senado aprobara la vigilancia de las fronteras por las FF.AA. en medio de la crisis migratoria que se registra en la zona norte, por lo que las autoridades locales debaten sobre su utilidad para contener los flujos de extranjeros. El proyecto de ley de infraestructura crítica, al que le falta un trámite en la Cámara de Diputados, indica que “serán las FF.AA. las que vigilarán las fronteras y podrán solicitarles a quienes cruzan por pasos no habilitados que se identifiquen, registrarlos, detenerlos y ponerlos a disposición de las policías chilenas.

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, afirmó que “es una muy buena noticia que el Ejército sea mucho más activo en el resguardo de las fronteras y las rutas que conducen a estas. Esto va a permitir que la migración sea de manera mucho más ordenada y, segundo, combatir al crimen organizado que entra y sale por nuestras fronteras de manera bastante impune”.

En Iquique, la diputada socialista Danisa Astudillo cree que “la Ley de Infraestructura Crítica va en la dirección correcta, pero es insuficiente. La iniciativa reconoce la necesidad de involucrar a los militares en labores de seguridad pública, cuestión que muchos parlamentarios y otras autoridades y dirigentes sociales venimos demandando hace mucho. En tal sentido, creo que potenciar el despliegue de estas fuerzas en la frontera y las carreteras mejora las capacidades del Estado para combatir el narcotráfico, el tráfico de armas y personas”. En tanto el diputado Renzo Trisotti expuso que en este contexto, lo que juega en contra es el tiempo y eso no detiene el tema fronterizo y el delictual. “Es una medida que solo se podrá aplicar en abril o mayo del presente año dejando desprotegidos nuestros límites justo en la época veraniega que es la época donde más aumentan los ingresos clandestinos”. El alcalde García también comentó que “cuando se estableció el estado de excepción, no resultó. El proyecto le daría atribuciones precisas al jefe militar y no tan difusas como en el estado de excepción”.

En Antofagasta, la senadora Paulina Núñez afirmó que la medida “para el norte es importante, una herramienta que espero el Presidente ocupe inmediatamente una vez que sea ley. Valoro que el oficialismo se haya convencido, costó que avanzara y perdimos mucho tiempo por sesgos ideológicos, por eso espero que teniendo ley, el Gobierno no demore más en ocupar esta herramienta que ayudará a enfrentar el crimen organizado, los delitos fronterizos y a tener una migración ordenada”.

En tanto, Yovana Ahumada, diputada por Antofagasta, dijo que “el proyecto es insuficiente. No es una solución que favorezca a nuestra gente, no la protege del aumento de la criminalidad, asociada a la migración descontrolada”.