La desconfianza hacia las instituciones es un fenómeno que se ha extendido por América Latina en los últimos años, y que se evidencia en la reciente crisis política en Perú, pero está lejos de estar limitado a esa región, con un enorme número de personas que creen que la economía está manipulada y que los políticos no se preocupan por ellos. Esa es la conclusión del último estudio de Ipsos sobre “sistema fracturado” que da cuenta de un descontento generalizado, aunque menor que el año pasado.

Con entrevistas a más de 26 mil adultos en 28 países, el informe reveló que 64% de los ciudadanos siente que la economía de su país está manipulada para “favorecer a los ricos y poderosos”. Suecia es el único país donde menos de la mitad de los encuestados está de acuerdo con esa afirmación, mientras que Rumania tiene la cifra más alta, con 78%.

Ese descontento por las élites se proyecta también a los partidos políticos, pues el 63% de los consultados considera que esas organizaciones no se preocupan por personas como ellos.

Además, el 59% de los entrevistados considera que los expertos “no saben cómo vive la gente como yo” y el mismo porcentaje estima que sus naciones necesitan un líder fuerte “para recuperar el país de los ricos y poderosos”. Perú fue el Estado que tuvo la cifra más alta en lo referente a los expertos (70%), lo que, según analistas, ayuda a explicar la creciente crisis política que vive la nación sudamericana.

El único ítem que no supera el 50%, pero tal vez el más problemático para la democracia, es el último, que pregunta a las personas si creen que para solucionar los problemas de su país necesitan “un líder fuerte que se salte las reglas”: 45% respondió que sí y las cifras más altas fueron las de Tailandia (74%) y Turquía (70%).

El estudio grafica los resultados en un “índice de sistema fracturado”, que toma en cuenta los aspectos mencionados y pondera esos resultados en una escala, donde un mayor puntaje implica mayor descontento general. El reporte da cuenta de que ese malestar está más extendido en Rumania, Turquía, Tailandia y Sudáfrica, y menos en Suecia y Alemania. En América, las cifras más altas (o peores) las tienen Perú, Estados Unidos, Brasil y México, y las menores, Canadá y Chile (ver mapa).

Pese a las altas cifras en general, el estudio exhibe que el sentimiento de sistema roto ha retrocedido desde 2021, cuando Ipsos realizó una encuesta similar en 24 de los 28 países estudiados. Así, el promedio del índice retrocedió 0,12 puntos, para quedar en 2,65 puntos (ver infografía con el detalle).

Los que vieron una mayor disminución —de más de 0,35 puntos— fueron Chile, Colombia, Corea del Sur, Italia, Brasil y Perú. Los únicos países que muestran un aumento significativo son Reino Unido y Turquía, mientras que Bélgica y Países Bajos tuvieron un alza pequeña.

La clave para entender esta mejoría, según el estudio y los expertos, está en los procesos electorales: casi todos los países donde hubo cambios drásticos en el índice tuvieron comicios importantes. De los 20 países que mostraron una caída, 17 tuvieron una elección nacional relevante en los últimos 18 meses. Además, en los seis países que exhibieron una caída de más de 0,35 puntos (Chile, Colombia, Corea del Sur, Italia, Brasil y Perú), la elección trajo a un nuevo jefe de gobierno proveniente de un partido diferente al que lideraba el país hasta ese minuto.

“Chile, Colombia y Brasil, por ejemplo, tuvieron elecciones hace poco, y estas suelen estar acompañadas de una alta expectativa y una sensación de que las cosas podrían cambiar para mejor”, aseguró a “El Mercurio” Michael Shifter, expresidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, para quien, pese a estas cifras, hay una “tendencia clara que apunta hacia una falta de confianza en las instituciones”.

Cynthia Arnson, experta en América Latina del Wilson Center, concuerda en que las cifras del estudio no necesariamente dan cuenta de una tendencia regional de mejoría con respecto a la confianza en el sistema y destaca que “muchos indicadores en América Latina —como corrupción y la desconexión de las élites con la gente— están en peores niveles que el promedio global”.

Aunque el reporte no estudia datos de corrupción, sí plantea que el sentimiento de que el sistema está roto y la percepción de corrupción generalizada “tienden a ir de la mano”.

“Una comparación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional con el Índice de Sistema Roto en cada uno de los 28 países encuestados por Ipsos los encuentra fuertemente correlacionados”, plantea el informe, que destaca que Suecia, Alemania y Países Bajos muestran los puntajes más altos del IPC —es decir, tienen un nivel más bajo de percepción de corrupción— y, a la vez, los puntajes más bajos en el índice de Ipsos.

En la vereda contraria, los cuatro países con las puntuaciones más altas en el índice de sistema roto de Ipsos tienen una puntuación del IPC relativamente baja.

“Resulta significativa la mejora que Chile obtiene en el índice, y sorprende la magnitud de esta mejora en la mayor parte de los indicadores. Esto habla de una fuerte descompresión social, primero a través de las elecciones presidenciales y luego del plebiscito constitucional de salida, que aun cuando resultó rechazado, encauzó un proceso de negociación que ha reducido la percepción de crisis”, comentó a este diario Jorge López, CEO de Ipsos Chile.

Efectivamente, el país presentó una caída de 15 puntos, en promedio, en los cinco aspectos estudiados. La mayor baja fue en la cuestión de si la economía está manipulada, donde el número de personas que respondieron “sí” bajó 19 puntos.

En la pregunta referente a si el país necesita a un líder “que se salte las reglas”, Chile tuvo uno de los porcentajes más bajos, 32%, y solo fue superado por Alemania (29%) y Suecia (27%).

En total, el puntaje de índice de Chile bajó 0,49 puntos; la mayor caída de todos los países estudiados.

De todas formas, López plantea que, en general, Chile mantiene un sentimiento crítico en aspectos como la desconexión de la clase política y la tecnocracia. “La gente siente en general que los políticos, así como los expertos, tienen poca empatía y conocimiento de la vida de las personas comunes”, aseguró.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció ayer el inicio de una “amplia reforma” de los mecanismos de control en esa institución, como respuesta al escándalo que provocó el arresto de la eurodiputada socialista griega, Eva Kaili, quien era una de las 14 vicepresidentes de la Eurocámara.

“Esto incluirá el fortalecimiento de los sistemas de protección de denunciantes”, dijo Metsola, luego de hablar ante una cumbre de líderes de la Unión Europea (UE). Ese paquete de reformas, añadió, se concentrará también en “una prohibición (de acceso) de todos los grupos de amistad no oficiales; una revisión de las reglas de nuestro código de conducta, y una revisión completa de cómo interactuamos con terceros países”. La funcionaria maltesa añadió que en la normativa actual hay “fisuras” que deben ser resueltas, “como cuando hablamos, por ejemplo, de la actividad de exmiembros del Parlamento Europeo, de quien está en la lista de transparencia o de quien puede ingresar al Parlamento Europeo”.

El Legislativo de la Unión Europea fue sacudido el pasado fin de semana por el arresto de cuatro personas, incluyendo la destituida vicepresidenta de su Parlamento, por aparentemente recibir sobornos de Qatar.

De acuerdo con Metsola, la ONG No Peace Without Justice, que también estaría implicada en el escándalo, tenía nada menos que 11 personas acreditadas ante la institución. Esas acreditaciones, apuntó, fueron suspendidas.

Metsola dijo ayer que recibió una invitación formal de Qatar para visitar ese país con ocasión de la Copa Mundial de Fútbol, pero que declinó la invitación.

Pero el caso está lejos de cerrar. “Lo he hecho todo por un dinero que no me hacía falta”, confesó el italiano Francesco Giorgi, de 35 años, pareja de Kaili y uno de los cuatro detenidos por la presunta trama de corrupción. En su declaración del miércoles ante la Cámara del Consejo de Bruselas, Giorgi habría confesado su responsabilidad en la red, como encargado de mover el dinero, habría inculpado a dos diputados hasta ahora no acusados formalmente, el belga Marc Tarabella y el también italiano Andrea Cozzolino (para el que trabaja ahora), y habría exculpado a Kaili con quien tiene una hija.

Así se desprende de la documentación a la que tuvieron acceso los diarios Le Soir y La Repubblica. En su declaración, Giorgi explica cómo llegó a Bruselas hace 13 años y el ahora exeuroparlamentario Pier Antonio Panzeri lo tomó como asistente y lo convirtió en su protegido. Cuando su jefe no fue reelegido, en 2019, pasó a ayudarle en la ONG Combatir la Impunidad y a trabajar para Cozzolino, pero también a gestionar mucho dinero, presuntamente de sobornos por parte de Qatar o Marruecos.

Giorgi habría admitido que él y Panzeri se repartían todo, pero también habría asegurado que el dinero encontrado era suyo y que Kaili no sabía nada, que es inocente y debe ser liberada para cuidar de la hija de ambos. La defensa de la griega sostiene algo parecido, negando conocimiento de ese dinero y asegurando que solo su pareja podría dar explicaciones.

Pero que el padre de la todavía diputada fuera detenido el viernes pasado con una maleta con cientos de miles de euros, intentando huir de Bruselas, no ayuda en esa argumentación.

En la última semana, la Policía belga registró la casa de Tabarella y se llevó ordenadores y teléfonos, pero no encontró dinero. Fuentes parlamentarias confirman a El Mundo que el belga había hecho en el pasado gestiones a favor del gobierno de Qatar, escribiendo a las delegaciones y los responsables de los grupos para que accedieran a verse con ministros qataríes durante sus visitas a Bruselas o Estrasburgo.

No es el único flanco abierto de Kaili. En una investigación paralela, la fiscal jefe europea solicitó ayer el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a Kaili y a la diputada griega de Nueva Democracia, Maria Spyraki, en base a un informe de investigación que les remitió la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF), que recoge “una sospecha de fraude en detrimento del presupuesto europeo”, relacionado con la gestión de las dietas parlamentarias y, en concreto, la remuneración de sus asistentes acreditados, aunque la Fiscalía subraya que ambas diputadas tienen derecho a la presunción de inocencia.

El comunicado de este organismo no vincula este caso al escándalo de presunta corrupción vinculado a Qatar.

Cientos de civiles fueron ejecutados en las primeras semanas de la invasión rusa de Ucrania, informó ayer el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, apuntando a posibles crímenes de guerra.

En un informe, la oficina de Türk documentó ejecuciones de al menos 441 civiles en tres regiones de Ucrania entre el 24 de febrero —fecha del inicio de la invasión— y el 6 de abril de 2022.

El estudio, presentado ante el Consejo de DD.HH., detalla que fueron 341 hombres, 72 mujeres, 20 niños y ocho niñas y que los crímenes se cometieron en 102 pueblos en las regiones de Kiev, Chernígov y Sumy.

“Es probable que las cifras reales sean considerablemente mayores, ya que estamos trabajando para corroborar otros 198 presuntos asesinatos en estas regiones”, declaró ante el consejo.

“Hay fuertes indicios de que las ejecuciones sumarias documentadas en el informe pueden constituir el crimen de guerra de homicidio intencional”, añadió.

Türk, quien visitó Ucrania la semana pasada, dio detalles de algunos asesinatos. “En algunos casos, los soldados rusos ejecutaron a civiles en lugares de detención improvisados”, aseguró.

“Otros fueron ejecutados de manera sumaria en el lugar tras controles de seguridad, en sus casas, patios y portales, incluso cuando la víctima había demostrado claramente que no constituía una amenaza, por ejemplo, levantando las manos”, añadió.

Según el informe, el 88% de las víctimas de ejecuciones sumarias documentadas en el informe eran hombres o niños, “lo que sugiere que fueron objeto de ataques desproporcionados por motivos de género”, detalló.

A estas ejecuciones sumarias se añadieron ataques intencionados contra edificios residenciales, lo que mató a civiles en sus propias casas.

Las ejecuciones no se limitaron a áreas específicas, pero unas fueron más afectadas que otras. En Bucha, localidad en la periferia de Kiev, se descubrieron cientos de cuerpos de civiles después de la retirada rusa en marzo.

Según el informe, 73 civiles murieron en la localidad, entre ellos tres niños, entre el 4 y el 30 de marzo. Su oficina está “corroborando 105 supuestos asesinatos de civiles adicionales”.