De acuerdo con una nueva encuesta nacional de la empresa Ipsos, el 53% de los peruanos cree que el Presidente Pedro Castillo debería renunciar tras las denuncias por presunta corrupción hechas en su contra, mientras que el 43% opina que debería concluir su mandato en 2026.

El sondeo publicado por el diario El Comercio agregó que el 63% considera que Castillo debe ser investigado mientras continúa en el cargo por las acusaciones realizadas por una colaboradora de la fiscalía, que lo involucra en la presunta corrupción del Ministerio de Transportes. Un 33% plantea que debe ser indagado cuando termine su mandato.

Un 48% de peruanos está enterado sobre estas acusaciones, en tanto un 61% cree que la declaración en esta denuncia por corrupción es verdadera.

En tanto, el 37% de peruanos declaró estar de acuerdo si el Congreso propone la vacancia (destitución) del Mandatario, proceso que comienza hoy su debate de admisibilidad bajo la justificación de “presunta incapacidad moral”, contra un 31% que manifestó su desacuerdo.

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La guerra en Ucrania transcurre a casi 10 mil kilómetros de Caracas, sin embargo, ya ha tenido un efecto concreto en la política venezolana. Motivado por la necesidad de aislar a Rusia y de recurrir a fuentes alternativas de petróleo, EE.UU. reactivó en los últimos días los contactos de alto nivel con Nicolás Maduro, un giro sorpresivo y pragmático que abre la posibilidad de levantar las sanciones contra su gobierno y eliminar el embargo a los envíos de crudo venezolano, pero que también dejó fuera de juego a la oposición local, que pierde su principal arma de presión contra el régimen chavista.

El aparente acercamiento de EE.UU. con Venezuela sería parte de la “diplomacia petrolera” que el gobierno de Joe Biden ha desplegado en medio de la guerra en Ucrania y la escalada del precio mundial del crudo, y que la llevó a replantear también sus relaciones con países petroleros como Irán y Arabia Saudita. Se concretó el fin de semana pasado con la visita a Caracas de una delegación de la Casa Blanca (la de más alto nivel en ir a Venezuela en dos décadas) liderada por Juan González, director para las Américas del Consejo de Seguridad Nacional, quien se reunió con Maduro, a quien EE.UU. acusa por cargos de narcotráfico.

Washington mantuvo en reserva la reunión hasta que fue filtrada a la prensa y la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, admitió que “el propósito del viaje era discutir diferentes temas, entre ellos la seguridad energética”. Luego, el propio Maduro dijo que conversó casi dos horas con los enviados y, sin dar mayores detalles, definió el encuentro como “respetuoso, cordial y diplomático”.

La buena disposición del régimen quedó confirmada horas después, cuando Venezuela liberó a dos ciudadanos estadounidenses que Washington asegura estaban detenidos injustamente, uno de ellos exdirectivo de Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA en EE.UU. Al mismo tiempo, Maduro anunció su decisión de “reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional”, sin aclarar si esa resolución implica retomar la mesa de negociación con la oposición establecida en México y que fue suspendida en octubre pasado.

El giro de la política de Biden hacia el régimen de Maduro ha sido visto con suspicacia tanto por la oposición venezolana como por legisladores estadounidenses, que temen que Washington levante las duras sanciones instauradas por el gobierno del republicano Donald Trump y continuadas por su sucesor demócrata, que, entre otras medidas, consideran desde 2019 un embargo petrolero.

“Todo levantamiento de sanciones debe estar condicionado a avances reales hacia la transición a la democracia y la libertad de Venezuela”, aseguró Juan Guaidó, líder opositor a quien Washington reconoce como presidente encargado tras desconocer la reelección de Maduro en 2018.

Varios senadores norteamericanos también criticaron el acercamiento. “Las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, al igual que la determinación y el coraje del pueblo de Ucrania, valen más que unos 1.000 barriles de petróleo”, dijo el senador demócrata Bob Menéndez, mientras que el republicano Marco Rubio criticó que se busque cambiar el petróleo de “un dictador asesino con petróleo de otro dictador asesino”.

Existen dudas, además, de que Venezuela pueda cumplir con la producción de petróleo que Washington buscaría suplir con otros proveedores. Como parte de las sanciones al régimen de Vladimir Putin, EE.UU. dejó de comprarle a Rusia poco menos de 700.000 barriles diarios de petróleo, lo que representa solo el 8% de su consumo; actualmente, la producción total de PDVSA (muy golpeada por décadas de mala administración y corrupción) es de unos 755.000 barriles diarios, y es muy improbable que cumpla la meta de Maduro de llegar a 2 millones diarios este año.

Para EE.UU., la mejor opción sería reanudar las operaciones de Chevron, la única compañía petrolera estadounidense que sigue operando en Venezuela, y reanudar las exportaciones a refinerías del Golfo de México. Pero aún así no cambia dramáticamente la ecuación.

El mayor impacto del giro de Biden hacia Venezuela, según los observadores, sería en la dinámica de las negociaciones entre el régimen y la oposición.

“Por un lado, la iniciativa es prometedora, porque ayuda a despejar el camino hacia una solución negociada en Venezuela”, dice a este diario Phil Gunson, analista sénior para Venezuela de International Crisis Group.

“Hasta ahora, Biden había sido muy renuente a hacer cualquier cosa que pudiera verse como un ablandamiento hacia Maduro, por temor a perder apoyo en el sur de Florida de cara a las midterms (legislativas de medio término en EE.UU.). Parece estar aprovechando la nueva coyuntura para ser más osado y también para satisfacer el lobby petrolero norteamericano, que tenía tiempo presionando para que el gobierno reabriera la posibilidad de hacer negocios en Venezuela. Es evidente que la política de ‘máxima presión' que heredó del gobierno de Trump no ha dado resultados. Pero al mismo tiempo existe el riesgo de que Washington priorice sus propios intereses por encima de una resolución de la crisis venezolana y termine contribuyendo a la consolidación de Maduro”, remarca el experto.

Según Michael Shifter, director de Diálogo Interamericano, el gobierno estadounidense está sincerando una situación que ya parecía evidente. “El giro de la administración Biden hacia Venezuela en realidad venía de antes de la guerra en Ucrania. Su gobierno apoya el proceso de negociación entre representantes del régimen de Maduro y la oposición en Ciudad de México que ha sido organizado por Noruega, y su actual giro toma en cuenta el fracaso de la política de máxima presión de la administración Trump. Las amenazas previas de Washington de que ‘están todas las opciones sobre la mesa' y la aplicación de sanciones económicas muy duras animó a cubanos y venezolanos en Miami, pero no produjeron resultados positivos. De hecho, la situación humanitaria empeoró, Maduro parece más fuerte que nunca y la oposición está fracturada y sin liderazgo claro”, señala a “El Mercurio”.

El gran damnificado de todos estos movimientos sería Guaidó. “Ha quedado, como reza el dicho venezolano, ‘fuera como la guayabera'. Incluso si, como se rumorea, las negociaciones de México se reanudan, su posición queda aún más debilitada”, opina Gunson, quien destaca que hoy EE.UU. solo insiste en su reconocimiento como presidente encargado “más por conveniencia política que por convicción”.

Maduro, por otro lado, parece tomar aire. El mandatario venezolano ha estrechado en los últimos años sus lazos económicos y políticos con Rusia, e incluso ha dado muestras de apoyo a Putin en la guerra en Ucrania. Sin embargo, las sanciones a Moscú también afectan a Venezuela, ya que las exportaciones de petróleo venezolano a China —que compra la mayor parte de su producción— se pagan con dinero depositado en cuentas de bancos rusos, que hoy están congeladas. Si bien no se espera que el gobernante venezolano le dé la espalda al Kremlin, la oferta de Washington le ofrece un salvavidas.

“Lo más probable es que por un tiempo Maduro busque mejorar sus relaciones con Washington y, al mismo tiempo, no alejarse de Moscú. Rusia ha sido un socio fundamental de Venezuela durante dos décadas y no será fácil desvincularse. No habrá cambios en el corto plazo”, dice Shifter. “Sin embargo, Maduro reconoce que la situación de Putin y Rusia se está complicando mucho en términos geopolíticos y sobre todo económicos. Puede haber un colapso total en Rusia. Por lo tanto, Maduro quiere mantener todas las opciones abiertas”.

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Siempre es un placer recibir a hermanos de la Patria Grande. México y López Obrador tienen un lugar privilegiado en nuestros afectos”.

Miguel Díaz-Canel,

Presidente de Cuba, ante el anuncio del Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de que visitará la isla en mayo en el marco de una gira presidencial.

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Colombia definió ayer, en una concurrida votación primaria, a candidatos presidenciales de tres bloques políticos: en la izquierda, al exguerrillero Gustavo Petro; en la derecha, al exalcalde Federico Gutiérrez, y en el centro, al exgobernador Sergio Fajardo, quienes se sumaron a otros tres aspirantes que se inscribieron directamente para la primera vuelta del próximo 29 de mayo.

Con más del 80% de los votos escrutados en las consultas interpartidistas, Petro ganó la coalición de izquierda, con más del 80% de las preferencias, un resultado anticipado por los analistas después de encabezar las encuestas y competir con figuras menos conocidas, como la líder social Francia Márquez, el exgobernador Camilo Romero, la representante indígena Arelis Uriana y el líder cristiano Alfredo Saade.

Sergio Fajardo, candidato de centro y crítico del gobierno, ganó en una votación mucho más reñida, en la que obtuvo más del 32% de la votación dentro de la coalición. Compitió con el académico Alejandro Gaviria, el exgobernador Carlos Amaya y los exlegisladores Jorge Enrique Robledo y Juan Manuel Galán, hijo de un icónico político asesinado en 1989 por su oposición al narcotráfico.

En la coalición de la derecha, que representa una línea continuista y más conservadora, el ganador fue Federico Gutiérrez, ingeniero civil con amplia experiencia en política dentro de su natal Medellín, donde fue alcalde en 2016. Gutiérrez, con más del 54% de la votación, logró superar al exalcalde Alejandro Char y a los exsenadores David Barguil, Aydeé Lizarazo y al exalcalde Enrique Peñalosa.

Hay tres candidatos más que no se midieron en las consultas interpartidistas e irán directamente a la primera vuelta: Óscar Iván Zuluaga, del oficialista Centro Democrático; Ingrid Betancourt, quien hace su reaparición política luego de ser secuestrada por la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Rodolfo Hernández, exalcalde de una ciudad intermedia y que ha tenido un rápido crecimiento en las encuestas.

Paola Montilla, doctora en Ciencia Política y docente de la Universidad Externado de Colombia, explicó a The Associated Press que la elección de ayer es un primer termómetro que muestra el caudal electoral de los candidatos.

Los colombianos seguían a la espera de los resultados finales de las votaciones al Congreso, los cuales se desarrollaron en simultáneo con las consultas presidenciales.

Las elecciones se dan en medio de una coyuntura compleja en Colombia, luego de la pandemia que dejó a 21 millones de personas en condición de pobreza, según los últimos datos oficiales. El inconformismo se condensó el año pasado en multitudinarias protestas contra las políticas económicas y sociales del gobierno, en las que además se reportaron violaciones a los derechos humanos.

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El aumento de contagios de las últimas 24 horas, el peor en los últimos 24 meses, obligó al gobierno de China a aplicar la normativa “cero covid”, confinando a más de 17 millones de personas en diversas urbes y centros financieros del país.

La metrópolis más poblada de China, Shanghái; el centro tecnológico de 17 millones de personas del sur, Shenzhen; los 700 mil habitantes de la urbe de Yanji y los residentes de la ciudad de Jilin fueron acordonados y confinados parcialmente tras la notificación de 3.939 contagios en el país, con más de 500 casos de Ómicron.

Debido al brote, se suspendieron los servicios de transportes interurbanos y se ordenó el cierre de todos los negocios, excepto los que suministran alimentos, combustible y otras necesidades básicas.

La estricta política “cero covid”, que restringe el movimiento y somete a pruebas masivas a la población, ha provocado fatiga entre la población e incluso dudas en su efectividad. “Los mecanismos de respuesta de emergencias en algunas áreas no son lo bastante robustos, no hay suficiente comprensión de las características de la variante Ómicron y ha habido decisiones inadecuadas”, admitió la autoridad sanitaria provincial de Jilin, Zhang Yan.

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