iteral y metafóricamente una pandemia se cruzó en el destino de Latam, y los buenos augurios con que partió 2020 se esfumaron de un plumazo.

A fines de 2019 esta aerolínea contaba con 42 mil trabajadores y volaba a 145 destinos. Al terminar 2021 su planta llegaba a 29.000 personas, y contaba con 129 lugares de destino. En el peor momento del coronavirus su nivel de operaciones no alcanzaba ni al 5%. Entre abril y agosto de 2020 no superó el 10% de sus vuelos habituales.

La situación de Latam no fue única, pues la aviación comercial en todo el mundo recordará el 2020 como el peor año de la historia. Pero a diferencia de esta empresa, otras similares de Europa y Norteamérica recibieron ayuda estatal en forma de créditos, suspensión de impuestos y tarifas, entre otras. En Chile la posibilidad de un alivio semejante apenas se insinuó, pues no hubo voluntad política para una acción de esta envergadura, y la compañía terminó escogiendo el Capítulo 11 bajo la ley de Estados Unidos el 26 de mayo de 2020.

En virtud de este proceso que debiese estar finalizando en unos meses más, Latam ha vuelto al escrutinio público, pues los acreedores locales no quedaron satisfechos con el Plan de Reorganización propuesto por la compañía a fines del año pasado. Lo más sensible es que entre la decena de acreedores o tenedores de bonos se encuentran tres AFP que apostaron con fondos de sus afiliados en esta compañía, lo cual genera cuestionamientos y dudas.

¿Cuándo las AFP dejaron de ser accionistas?

Provida fue la última administradora de fondos de pensiones en vender las acciones de Latam que mantuvo hasta el tercer trimestre del año pasado, según consta en la información trimestral que consigna la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Al 31 de diciembre de 2019, las AFP mantenían en su poder 142.898.359 de acciones de esta aerolínea por un monto de inversión de $1.076.654 millones, equivalente a unos US$ 1.297 millones (con un dólar a $830). Inversión que se redujo notablemente en 2020, a sólo 10.803.877 acciones, por un monto de $13.743 millones, o US$ 16,5 millones. Estos montos correspondían a dos administradoras: Provida, con la mayor cantidad de acciones, 10.779.870, por un valor de $13.713 millones.

Hasta fines de 2019, Habitat era la que contaba con la mayor exposición en Latam, con más de 40 millones de acciones por $303.467 millones, seguida de Provida, con 32,9 millones de papeles por $248.267 millones, según la superintendencia de AFP.

¿Cuántas AFP son tenedores de bonos?

Hay una decena de tenedores de los bonos emitidos en Chile por US$ 500 millones. De este grupo, hay tres AFP, Provida, Cuprum y Capital, que con los fondos de pensiones ostentan cerca de un tercio de ese monto.

Más en detalle, según la Superintendencia de Pensiones, los recursos en instrumentos financieros emitidos por Latam suman en conjunto 5.006.500 Unidades de Fomento, que con el dólar observado al 7 de enero de 2022, equivalen a US$ 185,1 millones. “Si bien en algunos medios de comunicación se ha señalado que se trataría de US$ 500 millones, esa cifra no solo considera a las administradoras de fondos de pensiones, sino también a otros inversionistas institucionales como, por ejemplo, compañías de seguros de vida y fondos de inversión” aclara el regulador.

Estos bonos corresponden a distintas series de papeles: la primera, que va entre la A y la D fue colocada en agosto de 2017; y la segunda de la serie E, en julio de 2019. Ambos antes de la crisis ocasionada por la pandemia, y cuando la empresa tenía buenas perspectivas de crecimiento y rentabilidad atractiva.

Tanto que en septiembre de 2019, Delta alcanzó un acuerdo con la empresa nacional para crear una alianza estratégica y lanzó una OPA (Oferta Pública de adquisición de Acciones) por el 20% equivalente a unos US$ 1.900 millones. En esa OPA, las AFP vendieron unos US$ 500 millones de las acciones que mantenían en Latam, según informó el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías en sesión especial de la Cámara de Diputados.

¿Cuánto podrán recuperar de esos bonos?

De acuerdo al Plan presentado por la empresa, los bonistas recuperarían un 19% de su deuda, que en el caso de las AFP rondaría los US$ 35 millones.

No obstante el Plan también abre una puerta para que los acreedores puedan participar del proceso de recuperación de la empresa mediante el bono convertible correspondiente, con lo que ese monto de retorno puede crecer. Los cálculos de los tenedores de bonos locales es que ese nivel de recupero sería de un 10% más, es decir un 28%, lo que consideran insuficiente.

¿Por qué los bonistas locales no están de acuerdo con el plan de reorganización de Latam?

Como desfavorable, asimétrica y discriminatoria calificaron los tenedores de bonos locales la propuesta de reorganización de Latam, en la Junta Extraordinaria de Accionistas del pasado 23 de diciembre de 2021.

Sus razones van por dos lados.

Uno, porque consideran que el Plan da un tratamiento diferente a los bonos emitidos localmente por la matriz, versus los emitidos internacionalmente por la filial Latam Finance, ya que estos últimos podrían recuperar en un 100% la deuda. Recalcan que el mercado siempre ha interpretado que ambos instrumentos, independiente del lugar de la emisión, eran de igual naturaleza en torno a las condiciones de pago. “Es un trato injusto e inequitativo”, indicaba Andrea Silva Da-Bove, gerente general de Finanzas del BancoEstado en la junta, como Representante de los Tenedores de Bonos.

La segunda razón está relacionada con que los bonistas locales quedaron en la clase 5 de acreedores (de 11 clases) junto a los acreedores representados por Evercore que representa el 70% de la deuda y que ya comprometió sus votos a favor de la propuesta. A estos últimos, el Plan les asigna un valor de cerca de US$ 1 mil millones entre fees y el bono convertible C, con lo que su tasa de recupero estaría en torno al 60%, muy lejano al 19% que obtendrían las AFP.

“Representantes de la compañía han señalado que este plan les daría un trato “equitativo, justo y respetuoso” a los Tenedores de Bonos Locales, lo que no guarda relación con la desfavorable oferta presentada a estos, ni simetría con la propuesta presentada a los Tenedores de Bonos Internacionales y también a quienes financian el Plan, pues reciben beneficios a los cuales nuestros representados no han podido acceder”, manifestó la representante.

¿Podrían las AFP ir a la conversión de los bonos que se les propone en el Plan de reorganización?

Por supuesto, señalan distintos actores del mercado, señalando que ello dependerá de su evaluación respecto del negocio.

La misma Superintendencia de Pensiones lo reafirma al manifestar: “La legislación permite que las administradoras inviertan en bonos convertibles, pero efectuar esta o cualquier otra inversión es una decisión que solo les compete a las administradoras”.

Constata que también las administradoras pueden realizar otras acciones las que deben ser evaluadas en el contexto de la legislación, de acuerdo a los criterios definidos en las Políticas de Inversión y Solución de Conflictos de Intereses, y velando por el mejor interés de los afiliados.

“Esta Superintendencia ha instruido a las administradoras de fondos de pensiones que tienen inversiones con recursos de los fondos de pensiones en la mencionada sociedad tomar todas las acciones que sean necesarias para proteger las inversiones efectuadas con recursos previsionales, en atención a la responsabilidad fiduciaria que las AFP tienen respectivamente sobre los ahorros que son de propiedad de las y los afiliados del sistema de pensiones”, remarca el regulador.

¿Qué trámites quedan para que las AFP hagan valer sus reclamos?

Aún queda bastante agua bajo el puente antes de que termine el proceso de reorganización.

Hasta la próxima semana, los acreedores, en concreto las AFP, pueden presentar por escrito ante el juez en Nueva York sus objeciones ante la propuesta de la empresa. A fines de enero habrá una audiencia en la que el juez debe pronunciarse sobre si el plan está en condiciones de ser votado, porque cumple con todos los requisitos y la información adecuada para que los acreedores tomen su decisión. Si logra los quorum necesarios en la votación —con los que hasta ahora contaría—, el juez lo aprobaría y ratificaría, lo que podría ocurrir a fines de marzo.

En caso que los bonistas locales siguieran insatisfechos, los equipos jurídicos ya están explorando la posibilidad de recurrir a los tribunales chilenos. Si es que hubiese una ventana dentro de las reglas de aceptación que impone el Capítulo 11, los acreedores admiten que debería validarse el Plan en Chile y reevaluar algunos aspectos como la discriminación que alegan.

Otro camino es el que abriría el Comité Oficial de Acreedores —en el que no participan los bonistas locales—. Conocedores del tema explican que en la audiencia de enero, este grupo presentaría una moción para que dentro del Plan se escuche la propuesta de fusión que ha efectuado la aerolínea brasileña Azul, para conocer si mejoran las condiciones para los acreedores.

¿Qué ha hecho la Superintendencia?

Una veintena de oficios a las administradoras de fondos de pensiones y diversas reuniones con sus gerentes generales, son algunas de las acciones que ha llevado a cabo la Superintendencia de Pensiones desde que estalló la pandemia del coronavirus. De hecho, el primer oficio a las AFP fue el 27 de febrero, mucho antes de que el covid-19 pisara suelo nacional e incluso antes de la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud.

“La Superintendencia realiza una permanente fiscalización a sus regulados respecto de todas las actividades relacionadas con el proceso de inversión de recursos de los fondos de pensiones. Es en este marco que, en uso de sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, esta Superintendencia se encuentra monitoreando directamente todo aquello que dice relación con las inversiones efectuadas con los recursos de los fondos de pensiones en instrumentos financieros emitidos por Latam”, sentencian desde el organismo.

Por lo mismo, se ha reunido con los equipos gerenciales de las AFP con inversiones en la aerolínea. “Esta Superintendencia ha requerido antecedentes y sostenido reuniones con las administradoras en relación con cada uno de los hitos relevantes de este proceso, tales como la presentación de reorganización ante el Tribunal de Quiebras en Estados Unidos y la entrega del plan de reorganización para que fuera aprobado por los acreedores”.

Recalca que su rol es asegurar que las AFP cumplan con su responsabilidad fiduciaria para proteger los recursos de sus afiliadas y afiliados, y por ello “mantendremos a firme la supervigilancia sobre este proceso”.

¿Qué otros pasos se pueden dar?

En paralelo, varios diputados han estado mirando con atención el avance del proceso de reorganización de la aerolínea, con foco en el impacto sobre los fondos de pensiones. Durante los últimos días, han oficiado desde tres flancos distintos a la Superintendencia de Pensiones para ahondar en este tema: la diputada Gael Yeomans (CS); otro de los DC Gabriel Silber, Joanna Pérez e Iván Flores; y un tercero, de los PS, Gastón Saavedra, Manuel Monsalve, Marcos Ilabaca y Jaime Naranjo, que además incluyó consultas a la CMF, a la Dirección del Trabajo, y a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Buscan conocer los términos del acuerdo de reorganización, y los montos del perjuicio para las AFP.

Asimismo, Silber, en calidad de presidente de la Comisión de Trabajo, evalúa invitar al superintendente Osvaldo Macías para que responda las dudas de los parlamentarios, y analiza la posibilidad de que, al final del proceso, en Chile, pudiese actuar el Consejo de Defensa del Estado. Para ello está revisando los antecedentes del caso Chispas por la venta de acciones de Enersis a Endesa España y su intervención en favor de los minoritarios.

Anteriormente, el 4 agosto de 2020, la Cámara de Diputados realizó una sesión especial para conocer el impacto de la pandemia sobre los fondos de pensiones, en especial tras la decisión de Latam de acogerse al Capítulo 11. “En aquel minuto el paquete de rescate de las empresas vía Fogape iba a incluir un capítulo para las grandes empresas que podía favorecer a Latam. Nosotros activamos una ofensiva para focalizar los recursos de BancoEstado hacia las pequeñas y medianas empresas, y finalmente no se crea esta mecanismo para las grandes”, remarca Silber.

¿Latam tiene deudas también con BancoEstado?

En esa misma sesión, se le preguntó al ministro de Hacienda del momento, Ignacio Briones, sobre eventuales créditos que BancoEstado —era la época en que Sebastián Sichel era presidente del organismo, también— mantendría con la aerolínea. “BancoEstado mantiene línea de crédito y acreencias con esa compañía, ya que forma parte de la cartera de grandes empresas”, acotó la autoridad.

Hoy en día, la institución bancaria afirma que no mantiene ninguna relación crediticia con la línea aérea. Asunto que reflotó tras las declaraciones de uno de los accionistas, Jorge Said Yarur, respecto a una supuesta deuda por US$ 500 millones de Latam con BancoEstado.

“El banco no mantiene ningún tipo de relación crediticia con la empresa Latam y actúa solamente como representante de los tenedores de bonos locales. No es efectivo que haya prestado US$ 500 millones a esta compañía. Los US$ 500 millones corresponden a bonos emitidos por Latam que fueron tomados por diversos inversionistas institucionales locales”, precisaron.