Las tensiones políticas se elevan en Cuba en vísperas de una marcha de opositores “por el cambio” impulsada por la plataforma Archipiélago para el 15 de noviembre. Declarada “ilegal” por el régimen, quien les vincula a agentes extranjeros con “motivos desestabilizadores”, los promotores están determinados a realizarla. El gobierno ha tratado de repudiar la convocatoria que también ha llamado la atención internacional, y aunque sin garantías de efectuarse en la isla, cuenta con movilizaciones de apoyo ese día en cerca de 70 ciudades del mundo.

La convocatoria a la “Marcha Cívica por el Cambio” se origina en un hecho inédito en Cuba: la solicitud de un permiso oficial para protestar contra el régimen. Los derechos a huelga y manifestación no se contemplan fuera de las instituciones estatales, por lo que esta autorización habría sentado un precedente en un año donde las protestas han tenido mayor repercusión y agrietado la legitimidad del régimen.

El pasado 11 de julio miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades de forma espontánea en las mayores protestas contra el régimen en décadas en Cuba, que se saldaron con centenares de detenidos (más de un millar, según activistas) y condenas de cárcel, una respuesta que fue criticada por la comunidad internacional al considerar que se produjeron arrestos arbitrarios y procesos penales sin las garantías legales.

Inicialmente planteada para el 20 de noviembre como una manera de dar continuidad a esas manifestaciones, las autoridades anunciaron la realización de ejercicios militares y de un “Día Nacional de la Defensa” en la misma fecha, por lo que Archipiélago —formado poco después de las protestas de julio para “ser una vía para, sin violencia y en total soberanía, buscar una salida cívica a la crisis”— decidió adelantarla al 15, coincidiendo con la reapertura de la isla al turismo, principal fuente de dólares que el gobierno busca atraer luego de un largo cierre por la pandemia, que agravó la grave crisis económica e inflacionaria del país, una de las principales razones que impulsan el descontento actual ante la escasez de alimentos y medicinas. La marcha busca el cese “de la violencia”, el respeto de “todos los derechos”, “la liberación de los presos políticos” y democracia.

El gobierno contestó negando la autorización al considerarla una “provocación” con “fines desestabilizadores” impulsada por Washington, y la Fiscalía notificó a los organizadores que, de proseguir con la idea, enfrentarían “consecuencias legales” al incurrir en delitos como desobediencia, manifestaciones ilícitas e instigación a delinquir y otros, penados con sanciones económicas y privación de la libertad de tres meses a un año.

El Presidente Miguel Díaz-Canel reforzó el mensaje al destinar parte importante de una reunión del Partido Comunista de Cuba (PCC) a hablar sobre estas marchas y advirtió una respuesta fuerte: “Aquí hay suficientes revolucionarios para enfrentar (…) cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir a la Revolución”.

“Considerando la larga historia totalitaria del régimen cubano, es muy difícil que la marcha tenga lugar. Ningún régimen totalitario permite este tipo de protesta, más aún organizada y avisada, y especialmente en momentos de crisis de legitimidad política como el que hoy enfrentan. Al contrario de los eventos de julio, esta marcha fue avisada con tiempo suficiente para alertar a la comunidad internacional y enfocar la atención en Cuba. Esto no tiene precedentes desde 1959”, comenta a “El Mercurio” Sebastián Arcos, director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida.

Archipiélago se ampara en los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos establecidos en la Constitución. Pero las autoridades interpretan que un derecho constitucional “no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha” al buscar un “cambio del sistema”, pues la propia Carta Magna define el socialismo como “irrevocable”.

Las autoridades acusaron a los organizadores de tener “vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense”, una imputación frecuente del régimen. Tanto esta convocatoria como el estallido de julio son, a su juicio, parte de las mismas “maniobras desestabilizadoras” de Washington, que niega esa vinculación, pero advirtió a La Habana que podría adoptar nuevas sanciones económicas en su contra en caso de reprimir a los manifestantes.

Desde la otra vereda, Yunior García, dramaturgo y creador de Archipiélago, cuestiona que el gobierno niegue un derecho consagrado en la Constitución. El artista fue arrestado en julio, sobre él pesa una medida cautelar, y más recientemente ha sido blanco de los “actos de repudio”, en el que se le corta el acceso a internet y seguidores del régimen se instalan a las afueras de su casa a gritar consignas y amenazas, según un video difundido por Archipiélago.

Según la Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15 de Noviembre, un grupo que se fundó el 24 de octubre a instancias de Archipiélago para “monitorear la represión en la isla”, tan solo entre el 25 al 30 de octubre aumentó la represión contra organizadores y quienes han expresado en redes sociales su intención de participar, con registros de “22 denuncias procedentes de La Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Holguín, Guantánamo y Santa Clara” con 16 métodos de represión de la policía política, entre ellos amedrentamientos, amenazas, persecución, vigilancia en las viviendas y de familiares y reclusión domiciliaria sin causa formada.

“Los organizadores que solicitaron permiso fueron detenidos arbitrariamente por un corto período de tiempo por la seguridad del Estado y recibieron amenazas (...). Imágenes de elementos pro régimen con palos y AK-47 aparecieron en espacios públicos en un acto de intimidación el 24 de octubre y fueron publicadas en Facebook (...). El acoso del régimen se ha intensificado con el cadáver de un pájaro muerto con su sangre y plumas esparcidas por la entrada del apartamento de Yunior García Aguilera en medio de la noche”, comenta a “El Mercurio” John Suárez, director del Center for a Free Cuba, ONG con sede en EE.UU. que promueve una transición democrática en la isla.

En La Habana, los organizadores prevén la participación de unas 5.000 personas en un recorrido desde la avenida del Malecón hasta el Capitolio Nacional. Pero Archipiélago extendió la convocatoria y, según el grupo, en cerca de 70 ciudades del mundo se preparan actividades en apoyo el mismo día. Hasta el momento, indican, hay iniciativas confirmadas en 29 países.

“Los eventos de julio fueron completamente espontáneos e impredecibles, tanto para el régimen como para sus oponentes. Precisamente por estas razones el daño a la legitimidad política y la legendaria capacidad represiva del régimen fue demoledor”, dice Arcos. “Desde entonces, el régimen enfrenta una situación de descontento público y extendido a niveles sin precedentes. No es aventurado predecir que se verán obligados a enfrentar convocatorias como esta de manera creciente y frecuente”.

Los rusos vuelven hoy a trabajar tras una semana de “vacaciones” remuneradas que buscaron frenar los contagios de coronavirus en el país. Rusia es una de las naciones más afectadas del mundo por la pandemia, con récords de infecciones y muertes casi a diario y un lento proceso de vacunación.

Aunque ayer se registró un leve descenso en el número de contagios (39.165), el aumento semanal de los casos positivos fue el mayor desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Las muertes bordearon las mil diarias, alcanzando un récord de 1.188 el sábado.

Para frenar el repunte, el gobierno había dado a los trabajadores del país un feriado pagado desde el 30 de octubre al 7 de noviembre, además de las medidas adicionales que tomaron las regiones, como Moscú, el epicentro del brote en Rusia, que cerró todos los servicios no esenciales.

Mientras la capital y San Petersburgo vuelven durante esta jornada a la normalidad, seis regiones rusas ya anunciaron que prolongarán los días no laborables en un intento por bajar los contagios que siguen con una tendencia al alza, y otras tantas impondrán nuevas restricciones al uso de servicios públicos como el transporte.

Las autoridades apelaron a la responsabilidad individual de los rusos para resguardarse en estos días, no obstante, muchos optaron por viajar dentro del país, como también hacia alguno de los escasos destinos cálidos que siguen abiertos para los ciudadanos de la Federación Rusa: Turquía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos.

A lo anterior se suma que hasta la fecha solo el 34,2% de los rusos están totalmente inmunizados, según datos de la Universidad de Johns Hopkins que lleva un recuento global en base a fuentes oficiales. La baja tasa de vacunación podría explicar la rápida propagación del coronavirus en Rusia, según los expertos, en un contexto de desconfianza generalizada.

“El problema fue que desde el principio el Presidente Vladimir Putin politizó la pandemia, criticando las vacunas occidentales y, al mismo tiempo, apresurando la vacuna rusa y elogiándola como un logro político. La politización hizo que la gente se mostrara escéptica sobre la ciencia”, dice a “El Mercurio” Peter Rutland, experto en política rusa de la Wesleyan University, quien agrega que la grave situación de la pandemia se debe, en parte, a que el gobierno no quiso tomar políticas nacionales más duras, “por miedo a enojar a la población”. “Lo dejaron en manos de las autoridades regionales y la mayoría hizo poco”, finaliza.

Impulsados por la noticia de que Estados Unidos y México reabrirán su frontera terrestre, cientos de migrantes llegaron a ciudades fronterizas como Tijuana, con la esperanza de que el restablecimiento facilite la búsqueda de asilo en el norte.

A partir de hoy, la frontera de casi 3.200 kmde largo volverá a estar abierta a viajes no esenciales tras 20 meses de cierre por la pandemia. La situación podría aumentar la presión sobre Washington para que refuerce el control de la frontera tras llegadas récord de migrantes este año desde Centroamérica y el Caribe que pusieron a prueba a la administración de Joe Biden.

Defensores de los migrantes sostienen que muchos fueron engañados sobre lo que significa la reapertura de la frontera. José García, jefe de un albergue para migrantes en Tijuana contó que aunque les han explicado que la reapertur es para gente que tiene documentos, muchos migrantes no quieren esperar. Agregó que desde que se supo de la reapertura a mediados de octubre ha aumentado en un tercio el número de personas en el albergue.

El Presidente de Bolivia, Luis Arce, cumple hoy un año de gestión al frente del país con una insistente retórica sobre un “golpe de Estado” durante la crisis de 2019 y ante la figura del exmandatario Evo Morales con fuerte influencia en la agenda nacional.

Al asumir la Presidencia, Arce habló de buscar “unidad”, y no fomentar un ambiente de “resentimiento”, aunque también fue duro con el gobierno interino que asumió en 2019 luego de que Morales renunciara, presionado por protestas ante su victoria en unas elecciones cuestionadas por presunto fraude. Según el mandatario, ese Ejecutivo no estuvo apegado a la Constitución y profundizó la crisis.

En consonancia con la gestión de Arce ha estado la figura de Morales y su incidencia en la agenda política quien ha insistido en sancionar a los “golpistas”. Justicia y reconciliación han sido aspectos muchas veces contrapuestos, con Arce más orientado a saldar cuentas por los sucesos de 2019 y con el vicepresidente David Choquehuanca más inclinado en sanar heridas y una aparente contradicción entre ambos.

A juicio de Hugo Siles, exministro de Autonomías en el gobierno de Morales, los hechos de 2019 fueron un “golpe de Estado” y es necesario cerrar esa cuestión para “alcanzar justicia” y así avanzar hacia una reconciliación, que es una “asignatura pendiente”.

En cambio, el analista político Marcelo Arequipa sostiene que la reconciliación “no ha sido una prioridad”, ya que el gobierno de Arce prefirió “imponerse por la fuerza ante sus opositores”. Para el experto es un hecho que Arce “no logra marcar la agenda política en el país”.

Tanto Siles como Arequipa coincidieron en que la gestión de la pandemia y principalmente la adquisición de vacunas y el proceso de inmunización han sido la nota sobresaliente de Arce. Para Siles, el que se haya vacunado a más del 50% de la población con esquemas completos incide directamente con la recuperación de la economía. Pese a esto, Arequipa consideró que la vacunación ha tropezado con la “debilidad” del gobierno al no poder “conectar” con sus bases en el campo, donde el proceso de inmunización ha sido insuficiente.