El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, enfrenta un creciente escrutinio por parte de la comunidad internacional y de organismos de derechos humanos, que han alertado sobre la deriva autoritaria de su gobierno luego que el nuevo Congreso, de abrumadora mayoría oficialista, destituyera a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general de la nación, en un duro golpe a la independencia del Poder Judicial.

Bukele, sin embargo, no da muestras de dar pie atrás. El mandatario argumenta que está haciendo una “limpieza de casa” y les respondió a los países y organismos que lo han criticado que “no es de su incumbencia” lo que ocurre en El Salvador. Ayer fue más allá y adelantó que pretende continuar con la remoción de más funcionarios —no precisó cuáles— haciendo uso de la mayoría de 61 diputados oficialistas, de 84 en total, de la Asamblea Legislativa que asumió el viernes pasado. “El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”, señaló el Presidente, quien justifica sus acciones en el amplio triunfo que obtuvo su partido Nuevas Ideas en los comicios legislativos de febrero. “Déjense de hipocresías, el 75% del pueblo salvadoreño votó en elecciones libres por el cambio que estamos viendo”, señaló. “Nos costó 30 años librarnos del régimen, no vamos a retroceder ahora”, añadió.

Bajo esa lógica refundacional, la primera medida del nuevo Congreso fue destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, quienes habían frenado por inconstitucionales varios decretos de Bukele en el marco de la pandemia. Todos ellos habían sido elegidos por la anterior legislatura que dominaron los partidos tradicionales Arena (derecha) y el FMLN (izquierda), que se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019. El Parlamento también removió al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por supuestamente tener vínculos con Arena. E inmediatamente nombró a sus reemplazantes.

La iniciativa impulsada por Bukele ha sido cuestionada por varios organismos internacionales. Ayer el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió al gobierno salvadoreño que “respete el marco constitucional, el Estado de Derecho y la división de poderes con vistas a preservar el progreso democrático” en el país, que en 1992 puso fin a 12 años de guerra civil. “Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia de su funcionamiento”, advirtió la Organización de Estados Americanos (OEA), mientras que la Unión Europea consideró que la medida “atenta contra el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial” .

La medida también ha sido duramente criticada por organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que aseguró que “los derechos humanos están en peligro” en El Salvador.

En una señal de que se toma el asunto en serio, EE.UU. —que tiene programas de ayuda económica y seguridad con El Salvador— reaccionó con la vicepresidenta Kamala Harris, quien expresó la “profunda preocupación” de la Casa Blanca “por la democracia de El Salvador”.

Aunque el Presidente cuenta con un amplio apoyo popular, ayer un grupo de 25 organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, incluyendo gremios empresariales, condenaron lo que calificaron como un “golpe de Estado avalado por Bukele”.

“Aquí no estamos hablando de una destitución de los jueces, que hubiera tenido un debido proceso y garantías, sino que estamos hablando de que ellos fueron depuestos. Aquí se configuró un golpe de Estado suave”, dijo a “El Mercurio” Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana. “Esto es parte del proyecto hegemónico de acumulación de poder del Presidente. Quiere tener el control de la Asamblea, de la Corte Suprema, las fiscalías... Esto coloca al país como un régimen político autoritario, de corte populista, en el que la voluntad de Bukele y su círculo nos aleja de un modelo democrático”, añadió.

Según el historiador salvadoreño Carlos Cañas Ditarte, los enfrentamientos entre el Ejecutivo y la Corte Suprema han sido constantes casi desde la independencia del país y se han incrementado en los últimos 11 años. “Pero desde la restauración de la democracia nunca habíamos vivido una situación como la de ahora, con la destitución de la totalidad de la sala”, señaló el académico, quien aclara que los jueces debieron haber concluido sus períodos de nueve años en 2027 y para removerlos era necesario seguir el procedimiento del artículo 186 de la Constitución, que no se respetó. “Bukele alega que el pueblo le dio las urnas poder para hacer eso y más. No: el pueblo le dio mayoría legislativa, pero eso no significa pasarse leyes preexistentes o no acatarlas”.

Los observadores alertan sobre un deterioro progresivo de la democracia en El Salvador.

“Esto representa otro paso más en la consolidación del proyecto autoritario de Bukele. Es un golpe muy fuerte al Estado de Derecho y se debilitan los límites al poder de Bukele, quien por cierto goza de un amplio respaldo popular. América Latina ha visto esta película antes y no tiene un final muy feliz”, comentó Michael Shifter, presidente de Interamerican Dialogue, quien valora como positiva la reacción “clara y contundente” de Washington, pero ve más problemas a nivel hemisférico: “Hay justificación para activar la Carta Democrática en este caso, pero lamentablemente me parece que no habrá suficiente voluntad por parte de los miembros de la OEA para apoyar esa acción. La región está pasando por un momento muy difícil y complicado políticamente”.

María Fernanda Bozmoski, vicedirectora del Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council, destacó que la réplica de EE.UU. fue “rápida y contundente”, pero “las declaraciones sin acciones no intimidarán a Bukele, quien es maestro de la comunicación y las redes sociales”. “Aquí no hay otra justificación más que el deseo de remover todos los pesos y contrapresos sobre el Presidente y borrar las líneas de la separación de poderes. La erosión del Estado de Derecho, los constantes ataques a la prensa y a adversarios políticos y demás acontecimientos salidos de un manual de Daniel Ortega o Nicolás Maduro son sumamente preocupantes”, señaló.

“Siempre es bueno ser cauteloso en hacer comparaciones con Venezuela, que es un caso extremo y una tragedia sin precedentes. Sin embargo hay elementos parecidos con la situación salvadoreña de hoy. Bukele, como Chávez a su llegada al poder en 1999, tiene innegable legitimidad electoral, pero no respeta el Estado de Derecho y las instituciones fundamentales para una democracia plena”, destacó Shifter.

Bruselas propuso ayer a los miembros de la Unión Europea (UE) que permitan el ingreso de viajeros provenientes de naciones extracomunitarias y que estén completamente vacunados contra el covid-19 con dosis reconocidas por la Agencia Europea de Medicamentos, con vistas a la próxima temporada de verano (boreal).

La propuesta, que será discutida esta semana por los miembros del bloque, también daría a los países de la UE la autoridad para permitir el ingreso a su territorio a turistas totalmente vacunados con otras dosis reconocidas por la Organización Mundial de la Salud.

Las autoridades del estado de Baviera, al sur de Alemania, anunciaron ayer la cancelación por segundo año consecutivo del tradicional Oktoberfest, la fiesta de la cerveza más grande del mundo, y que año a año atrae a miles de turistas.

El evento, que estaba planeado para realizarse entre el 18 de septiembre y el 4 de octubre en Múnich, se canceló debido a la situación “demasiado incierta” que vive Alemania por la pandemia del covid-19, según el jefe de gobierno bávaro, Horst Söder, quien advirtió la posibilidad de contagios múltiples en el festival si este se lleva a cabo este año.

Los casos semanales de covid-19 a nivel mundial bajaron por primera vez desde febrero la semana pasada, según datos entregados por la OMS, que reveló que la mitad de esos nuevos contagios los concentran Brasil y la India.

Los casos de coronavirus de la semana pasada alcanzaron los 5,69 millones en todo el mundo, un leve descenso con respecto a los 5,73 contagios detectados entre el 19 y el 25 de abril. Pese a esto, la OMS advirtió que las cifras siguen siendo altas, y que en las últimas dos semanas “hubo más casos que en los primeros seis meses de la pandemia”.

El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, puso fin ayer a todas las restricciones asociadas a la pandemia del covid-19 en el territorio, al asegurar que las vacunas están siendo eficaces y hacen que las medidas por la crisis sanitaria ya no sean necesarias.

En tanto, las autoridades de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut informaron que se pondrá fin en sus estados a la mayoría de restricciones de aforo desde mediados de mayo, con énfasis en tiendas, cines, restaurantes, museos. Además, Nueva York anunció que el metro de la ciudad volverá a operar las 24 horas del día.

Los jefes de la diplomacia de los siete países más industrializados (G7) inauguran hoy en Londres su primera cumbre presencial en casi dos años, con la reactivación económica y las amenazas internacionales a la democracia tras la pandemia como temas centrales de la cita.

Los representantes de los miembros del grupo —Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y la Unión Europea— tratarán asuntos como la creciente influencia de China y la “actividad maliciosa” de Rusia, incluido el envío de tropas a la frontera con Ucrania y la detención del opositor Alexei Navalny, detalló el Foreign office.

En la cumbre, que se extenderá hasta el miércoles y a la que fueron invitados Australia, India, Corea del Sur y Sudáfrica, también se hablará sobre estrategias conjuntas para combatir el cambio climático, así como planes para mejorar la educación de las niñas en todo el mundo e impulsar los derechos humanos.

“La presidencia británica del G7 es una oportunidad para juntar a las sociedades abiertas y democráticas, y demostrar unidad en un momento en que es especialmente necesaria para combatir los retos conjuntos y las amenazas crecientes”, dijo el canciller de Reino Unido, Dominic Raab, en un comunicado.

En ese contexto, el anfitrión de la cumbre recibió ayer al secretario de Estado de EE.UU. Anthony Blinken, con quien coincidió en que el G7 pretende cortejar nuevos aliados para contrarrestar los retos de China y Rusia y buscando al mismo tiempo unos lazos más estables con el Kremlin.

“No es nuestro propósito intentar contener a China o sujetarla”, dijo Blinken a periodistas en una rueda de prensa junto a Raab. Pero Occidente defenderá “el orden internacional basado en normas” de los intentos subversivos de cualquier país, incluida China, añadió. El espectacular ascenso económico y militar de China en los últimos 40 años se considera uno de los acontecimientos geopolíticos más importantes de los últimos tiempos, junto con la caída de la Unión Soviética en 1991, lo que puso fin a la Guerra Fría.

Es probable que se den varios pasos importantes de esta primera reunión cara a cara, considera John Kirton, director del G7 Research Group de la Universidad de Toronto. “El mero hecho de que esta reunión se lleve a cabo en un formato cara a cara proporciona una prueba poderosa de que la pandemia está siendo vencida y que el éxito total podría llegar pronto. Además, está siendo derrotada por y dentro de las democracias más poderosas del mundo, basado en su superioridad científica en la invención y producción de vacunas, sus valores democráticos que equilibran la libertad y elección individuales con el bien público colectivo, y con líderes democráticos que, a pesar de todas sus fallas, gobiernan de manera más efectiva que sus rivales no democráticos de China y Rusia”, comenta a “El Mercurio”.